"Inspección siempre me ha tenido entre ceja y ceja". Así de contundente se mostró este martes uno de los dueños de los restaurantes que, presuntamente, cometieron un fraude continuado a la Seguridad Social al omitir el pago de las cotizaciones debidas a la administración. En el juicio celebrado en su contra en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Las Palmas, su defensa trató de desvirtuar los informes periciales presentados por las acusaciones al entender que no se ha conocido la documentación que llevó a plasmar esas conclusiones y que, por tanto, no han sido capaces de valorarlo suficientemente.
Sin embargo, tanto la acusación particular como el Ministerio fiscal solicitaron una sentencia condenatoria porque creen acreditado, por la "abundante documentación que obra en autos", que existió una sucesión empresarial que intentaba evitar el abono de las deudas que había generado una primera compañía con la Seguridad Social.
Los acusados, que son pareja, supuestamente crearon tres entidades para traspasar la actividad que desarrollaba su primera mercantil, Integrated Services, SLU, con el presunto objetivo de "eludir el pago de la deuda con la Seguridad Social que se genera automáticamente con el alta en sistema público de sus trabajadores". De esta manera, se deshicieron de esta primera empresa y crearon otras tres con el fin de que la deuda generada no alcanzara los elevados importes que tenía esa entidad inicial.
Esta empresa contaba con dos centros de trabajo, que son los restaurantes La Marea ubicados en dos emplazamientos de Las Palmas de Gran Canaria, las calles Santiago Tejera Osavarry y Alcalde Ramírez Bethencourt. La entidad tiene una deuda contraída con la Seguridad Social por falta de cotización entre 2012 y 2015 por valor de 215.004,95 euros, según la documentación y las declaraciones de los peritos durante la vista.
Las tres empresas que crearon los acusados después de 2015 -Rice Fusion, SL, Costa Restaurante, SL y La Bodega de La Marea, SCP- suceden en la actividad a Integrated Services, SLU y, por tanto, serían responsables solidariamente de la deuda contraída por esta última. Pero además, la primera de las compañías ha contraído más compromisos con la Seguridad Social por falta de cotización por importe de 116.097,97 euros, mientras que la segunda lo ha hecho por valor de 58.294,47 euros.
No reconoce los hechos
Durante el juicio solo declaró uno de los acusados, que respondió únicamente a las preguntas de su abogado, mientras que su pareja se acogió a su derecho a no hacerlo. No reconoció los hechos por los que se les acusa y, más allá de eso, aseguró que la Inspección de Trabajo "siempre me ha tenido entre ceja y ceja". Además, afirmó que su mujer no se encargaba de la gestión diaria de los establecimientos y que, por tanto, nada tuvo que ver con los pagos a la Seguridad Social, pese a que así consta en muchos de los informes que forman parte de la documental de esta causa.
El abogado Israel Godoy insiste en que todo lo que se certifica ha de estar amparado en documentación
Más allá de esto, la defensa señaló que la pericial y las actas de infracción no incorporan todos los documentos, certificados y datos de los que se sacaron las conclusiones que ponen sobre la mesa. Y puso como ejemplo el informe pericial de la Tesorería General de la Seguridad Social que se incorporó a autos en junio de 2022, cuando se suspendió la anterior vista para analizar esta nueva prueba. "Había información que sacaban de los Códigos de Cuentas de Cotizaciones, pero no incorporaban un certificado que la justificara, sino que extractaban lo que consideraban importante, lo escaneaban y lo plasmaban en el propio acta", reclamó el abogado Israel Godoy.
"Los inspectores dijeron que esa información están en los expedientes administrativos, pero estos no estaban en la causa, sino que únicamente están las actas de infracción, con lo que está incompleto", continuó en su informe final, para luego recordar que la jurisdicción penal no es como el área laboral o administrativo, en el que existe "una presunción de veracidad del inspector". En estos casos debe haber un "plus" según el cual "todo lo que se certifica tiene que estar acompañado de un documento" que lo ampare. Por todo ello, solicitó la absolución de sus clientes.
Actitud obstruccionista
La acusación particular, en cambio, consideró que el "ánimo defraudatorio" de los acusados quedó suficientemente acreditado, al tiempo que sacó a colación que esta misma pareja ya contrajo deudas a la Seguridad Social por valor de unos 800.000 euros cuando tenían empresas en el sector de la construcción. En aquel entonces utilizaron un modus operandi parecido al de esta ocasión. También destacó la "falta de colaboración" de estas personas durante todo el proceso, así como en la fase de instrucción. Algo en lo que coincidió el Ministerio fiscal.
Según la fiscal Evangelina Ríos, se produjo una sucesión empresarial que tenía el único objetivo de "no abonar las deudas que se habían ido generando". "Solo querían evitar que la Tesorería pudiera poner en marcha los procesos administrativos tendentes a recibir de vuelta esas obligaciones contraídas", concluyó. El juicio quedó visto para sentencia.
