La Fiscalía ha retirado los cargos que imputaba a los tres acusados por desviar fondos de la cuenta de la empresa Gestión y Desarrollo del Confital SL a otra mancomunada que crearon dos de ellos. El Ministerio público entiende que no existen pruebas suficientes que amparen la acusación y que, tras las distintas sesiones del juicio que se han celebrado estos días en la Audiencia Provincial de Las Palmas, no se ha aportado nada que sustente lo que pedía en sus conclusiones provisionales -hasta cuatro años y medio de prisión por delitos de administración desleal y societario del artículo 293 del Código Penal-.
En la sesión de este jueves, el fiscal del caso, Jorge Pobre, retiró las acusaciones en contra de Francisco Rafael P. M., Pedro M. F. y Juan Antonio R. B de L. -que no acudió al encontrarse indispuesto-. Sin embargo, en sus informes finales, las acusaciones mantuvieron sus peticiones al considerar que durante el juicio ha quedado "sobradamente demostrado" que estas tres personas actuaron de común acuerdo para crear perjuicio a las mercantiles del grupo de la Inmobiliaria Montecastillo una vez falleció su dueño, Juan Calderín, en octubre de 2016. Concretamente en Gestión y Desarrollo del Confital, una de las empresas que formaban parte del conglomerado.
Antes de esos informes, varios trabajadores de Montecastillo, entre ellos dos contables, declararon ante el tribunal de la Sección VI que habían mostrado su preocupación a los miembros del Consejo de Administración restantes por la próxima muerte de Calderín, ya que podían bloquearse las cuentas del banco, y que existía cierta "intranquilidad". Fue una conversación informal en la propia sede de la mercantil en la que se puso sobre la mesa la posibilidad de crear una cuenta mancomunada que, si bien resultó "poco ortodoxa" -en palabras del fiscal-, sirvió para afrontar una serie de gastos corrientes que estaban por llegar, como las nóminas o algunos compromisos con la Seguridad Social, tal y como destacaron los testigos.
En su alegato final, el fiscal justificó su decisión de retirar los cargos en que no había visto suficientes pruebas de cargo que sustentaran los delitos por los que interesaba su condena. En el caso del societario del artículo 193 del Código Penal, señaló que la acción típica de denegar los derechos societarios al resto de personas que forman parte de la mercantil "exige una abierta oposición" que, en su opinión, "cede desde el punto y hora en que se dictó la sentencia en el ámbito mercantil que ratifica la legalidad de las juntas celebradas". Por su parte, en cuanto a la administración desleal, el Ministerio público valoró que, si bien se produjo un "exceso en la administración", las circunstancias en que se produjo también habían de tenerse en cuenta, tanto económicamente como por la situación de salud de Calderín.
Además, puso el foco Jorge Pobre en que no ha quedado acreditado el perjuicio que estos hechos pudieron provocar en la mercantil. "No hubo ocultación, se advirtió desde el principio, ni se desviaron gastos más allá de los cotidianos de la cuenta de origen", agregó.
Un plan preconcebido
Para las acusaciones, en cambio, todo responde a un plan preconcebido por parte de los tres acusados. Además, entienden que sí se produjo un grave perjuicio por la compañía, que han tasado en, al menos, más de un millón de euros. Pero van más allá al asegurar que el delito societario no tiene por qué haberse producido de facto, sino que también el "peligro" de que se produjera cabe dentro del tipo delictivo. "Han dejado de atender a la sociedad, por mucho que nos hayan querido decir lo contrario durante todo el juicio", asestaron.
Además, coincidieron en que Juan Antonio R. B. de L. es el "verdadero instigador" de toda la trama. Y ello pese a que los acusados insistieron estos días en alejarle de la toma de decisiones respecto a la creación de esta cuenta. Una versión que no convenció a los abogados de la acusación particular, que hablaron de un "pacto interno" para evitar su inculpación.
Las defensas emitirán sus informes finales el lunes, en la que será última sesión del juicio.
