Dos hombres se enfrentan a una pena de siete años de prisión cada uno por un presunto delito de trata de seres humanos. La Fiscalía solicita una condena a estas personas, que en el momento de los hechos eran pareja, al acusarles de captar a mujeres en Venezuela para traerlas hasta San Bartolomé de Tirajana y prostituirlas con el propósito de lucrarse económicamente y sin ofrecer unas condiciones dignas a las víctimas.

Según los hechos que relata el Ministerio público, el acusado George Michael V. R. A. se encargaba de captar a las mujeres en su país natal, Venezuela. Les facilitaba la llegada a España "bajo la promesa de obtener un trabajo que les mejoraría las expectativas de vida" y abonando los gastos derivados del viaje hasta Gran Canaria, por lo que sus víctimas terminaban accediendo.

Al llegar a la Isla, las trasladaban al complejo turístico del que es propietario el otro acusado, Manuel Ángel D. V., o a su domicilio en el municipio sureño, lugares en los que las mujeres permanecían alojadas durante todo el tiempo que debían ejercer la prostitución. Allí, no podían disponer del dinero que ganaban, pese a las promesas de los procesados, porque con él sufragaban las deudas contraídas con sus captores por los gastos de viaje, luz y agua.

La declaración de una víctima

Esta red se conoció gracias a la declaración de una de las víctimas de trata que pudo huir de los lugares en los que se encontraba con más compañeras que fueron captadas de forma similar. La víctima, que tenía en ese momento cuatro hijos menores a los que cuidar sola por el asesinato de su marido, salió de su país para buscar una vida mejor ante la situación de violencia, inseguridad, amenazas, falta de alimentos y medicinas que existía en Venezuela en 2019.

Prometían a las mujeres mejores condiciones de vida que en su país para convencerlas, sin que luego fueran reales

En ese contexto, conoció al acusado, quien la engatusó para traerla a Gran Canaria "bajo la promesa de ganar unos 5.000 euros a la semana en el ejercicio de la prostitución" y de que podría disponer de ese dinero sin ningún impedimento, por lo que finalmente accedió. Sin embargo, nada de eso fue real cuando llegó a la isla, obligándole a pagar la deuda que tenía contraída con ellos, que según le dijeron ascendía a 3.800 euros. Asimismo, tenía que afrontar gastos en concepto de limpieza, agua y luz.

Estuvo en esas condiciones durante alrededor de dos meses, según detalla el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía, sin poder desplazarse con libertad y siendo trasladada a varios emplazamientos distintos.

Por estos hecho, el Ministerio público solicita pena de prisión de siete años por una infracción de trata de seres humanos previsto en el artículo 177 bis apartados 1b) y 3) del Código Penal. Igualmente, ve indicios de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. También interesa una orden de alejamiento respecto a la víctima denunciante, su domicilio, lugar de residencia o cualquier otro lugar que frecuente a una distancia inferior a 500 metros durante quince años.