El tribunal hace suyo el acuerdo de la Fiscalía y condena a la red que estafaba a entidades de crédito

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado a una decena de personas por haber estafado a compañías de crédito con compras a plazos de productos de distinto tipo que sabían que no iban a poder abonar por sus escasos recursos económicos. Los hechos, que tuvieron lugar en Las Palmas de Gran Canaria, se han saldado con penas de entre seis meses y tres años y medio de prisión, mientras que uno de ellos fue absuelto al considerar el tribunal que no existe prueba suficiente para incriminarle en los delitos que se juzgaban.

Estas condenas llegan en virtud al acuerdo alcanzado por la Fiscalía de Las Palmas y la gran mayoría de los acusados, según el cual, para los dos cabecillas se pedían tres años y medio y un año y medio de cárcel, respectivamente, así como sendas multas. La diferencia de pena se debe a que uno de ellos contaba con antecedentes por hechos similares. Lo que advirtió el Ministerio público, y asume ahora la Audiencia, es que estas dos personas son coautores de un delito continuado de falsedad documental en concurso medial con otro continuado de estafa.

Para el resto, personas todas ellas en situación de vulnerabilidad de las que se aprovecharon a cambio de gratificaciones, seis meses de prisión, así como multas de 540 euros para cada uno.

Absolución

Sin embargo, el tribunal considera que uno de los acusados, dueño de un concesionario en la localidad de Montaña Los Vélez, en Agüimes, no estuvo involucrado en los hechos, por lo que determinó su absolución de los cargos que se le imputaban. El fallo, cuyo ponente ha sido el magistrado José Luis Goizueta, razona que la "única prueba" sobre la que se sustenta la acusación para explicar su imputación es la declaración de uno de los acusados, que ni siquiera pudo concretar si esta persona sabía del origen ilícito del vehículo que quisieron venderle.

Y es que esta persona, cuyo abogado Miguel La Calle solicitaba su absolución al considerar que no había pruebas en su contra, se vio involucrado en el asunto por haber realizado alguna transacción con los dos cabecillas. Fiscalía entendió que, en concreto con uno de los vehículos que se trajeron desde la Península, se había incorporado el mismo a su patrimonio de manera ilícita, obteniendo un beneficio que no fue cuantificado, tal y como resalta la sentencia.

"Contamos pues con la sola declaración de un coacusado y en parte con la de otro, no coincidiendo además entre ellas al relatar las relaciones comerciales que mantuvieron con esta persona y la entidad Moncar", abunda el fallo judicial para justificar su decisión.

Se aprovechaban de gente vulnerable

Los cabecillas de esta trama de estafa continuada contra varias financieras en Las Palmas de Gran Canaria, que llegaron a trampear cantidades de casi 115.000 euros en múltiples operaciones de compraventa, se aprovecharon del carácter vulnerable de sus cooperadores para llevar a cabo su actividad delictiva, tal y como ellos mismos admitieron durante las sesiones del juicio en su contra. Todas estas personas tenían problemas económicos o con las drogas, y se encontraban en situación de calle o de extrema necesidad. De hecho, a algunos de ellos los "captaron" en comedores sociales de la capital, así como en las inmediaciones de centros de atención de drogodependientes.

Los hechos se remontan al último trimestre de 2016 y los primeros meses de 2017, cuando Natanael de Jesús H. C. y Juan Antonio G. S. se conocen y se ponen de acuerdo para emprender todo un tejido de operaciones con las que pretendían enriquecerse y estafar a distintas compañías de crédito. Para ello, buscaron a personas que se encontraban en una situación complicada. Y de esta manera, lograron enriquecerse ilícitamente con la venta de los productos que compraban, en nombre de estas personas que sabían que no podían hacer frente a los créditos.

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