La decisión judicial sobre las pruebas del caso Romina, parada por la huelga de letrados

El TSJC celebró el martes la vista para resolver las cuestiones previas planteadas por la defensa de Raúl D. C. sin la presencia del secretario judicial, que avisa sobre una posible nulidad

El acusado de matar y descuartizar a Romina Celeste ya ha salido de prisión

La Voz de Lanzarote

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ya tiene el auto de resolución de las cuestiones previas sobre la posible anulación de las pruebas practicadas en la instrucción del caso Romina. Una diligencia que presentó la defensa de Raúl D. C., el acusado por el asesinato de la joven paraguaya Romina Celeste Núñez en la madrugada de Año Nuevo de 2019 en Lanzarote, y cuya respuesta judicial no se ha podido notificar a las partes para continuar con el procedimiento debido al paro de letrados de la administración de justicia (LAJ). La vista, que se celebró el martes, no contó con la presencia del funcionario público que se encarga de dar fe de los acuerdos que allí se adopten, puesto que se encontraba ejerciendo su derecho a la huelga, motivo por el cual ha emitido una diligencia de constancia sobre este hecho ante el alto tribunal regional.

Así lo confirmaron este jueves a este periódico fuentes judiciales, que detallaron que este documento emitido por el secretario judicial que se encontraba en sustitución de la titular, que estaba de huelga, no requiere de ningún tipo de resolución por parte del tribunal, sino que es meramente informativo. Sin embargo, la portavoz de los letrados en la provincia de Las Palmas, y adscrita a la Sala de lo Penal y Civil del TSJC, Isabel Morales, aseguró que ese funcionario avisó a las partes que la vista oral que se celebró puede adolecer de nulidad, ya que no entraba dentro de los servicios mínimos aprobados.

"El martes se celebró esa vista de apelación de cuestiones previas del jurado, y en principio, no estaba incluida en lo que puedan ser los servicios mínimos, que únicamente entrarían si fuera una causa con preso", explicó Morales en una nueva concentración de los letrados ante la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Pero, al salir el pasado 13 de enero de prisión preventiva el acusado, este procedimiento ya no entraría dentro de este marco.

No firma el acta

Según señaló la letrada de la Sala Penal y Civil del TSJC, su compañero comunicó a las partes que no iba a firmar el acta, ni tampoco a validar lo que se había efectuado en esa vista oral. Y, tras ello, presentó un escrito, conocido como diligencia de constancia, para certificar que se produjo una situación que, a su juicio, no debía haberse producido. Pese a todo, desde el TSJC se insistió en que el procedimiento seguirá su curso como hasta ahora.

Con la resolución de estas cuestiones previas, el procedimiento regresaría a la Audiencia Provincial, donde el presidente del jurado, José Luis Goizueta, tendrá que dictar un auto de "hechos justiciables", aquellos que se someterán a consideración por parte de los miembros del tribunal popular que dirimirá sobre la culpabilidad o no del acusado. A partir de este momento, se empezarían a señalar las fechas para la celebración de las distintas vistas previas y del juicio oral, tal y como dispone la Ley del Jurado española.

Nueva protesta ante el Palacio de Justicia de Arrecife por la inminente salida de prisión de Raúl Díaz

Imagen de archivo de la protesta ante el Palacio de Justicia de Arrecife por la inminente salida de prisión de Raúl Díaz / Claudia Claros

Sin embargo, tal y como dejó claro Isabel Morales, "si hay ahora cualquier resolución, hasta que no me reincorpore en este caso yo, porque es mi sala, no se efectuará la notificación" pertinente a las partes y, por ende, no se podría avanzar. Los letrados destacaron precisamente este hecho para criticar que se llevara a cabo la vista oral del martes pese a que no había uno de ellos que diera fe de lo que allí se acordó, puesto que, de todas formas, se tendrá que seguir esperando a que la huelga termine para poder hacer llegar a las acusaciones, la defensa y el propio presidente del jurado ese auto judicial.

En busca de agilidad

Las fuentes judiciales consultadas apuntaron que, pese a que se sabía que no iba a haber en sala ningún letrado de la administración de justicia por el paro, las partes se mostraron de acuerdo con el magistrado Antonio Doreste, encargado de presidir la sala durante la vista, para que se celebrara. Lo hicieron en aras a la "agilidad" y porque entendieron que la intervención del antiguo secretario judicial sería "ínfima".

Desde que Raúl D. C. saliera de prisión al cumplir cuatro años en prisión preventiva -el máximo legal establecido en la ley-, muchas voces se han alzado por el retraso en la instrucción del caso Romina. La abogada de la familia, Emilia Zaballos, criticó el pasado sábado el informe del TSJC en el que apuntaba que la investigación "no se había parado" en ningún momento desde que entró en el juzgado de instrucción número 1 de Arrecife en enero de 2019, al considerar que la justicia se "está tapando" entre sí para evitar depurar responsabilidades por lo sucedido. Desde Fiscalía, por su parte, han reiterado que los "continuos recursos" presentados por la defensa han enmarañado todo el proceso, y también han puesto el foco en la poca agilidad de la Ley del Jurado y sus tempos.

Suscríbete para seguir leyendo