La huelga de letrados paraliza el pago de pensiones a víctimas de violencia de género
Según los operarios jurídicos, serán necesarios cuatro meses para recuperar la normalidad en los tribunales | Se han suspendido ya más de 2.000 juicios
| lp/dlp
La huelga de letrados de la administración de justicia (LAJ) ha obligado a suspender el pago de pensiones a víctimas de violencia de género en las últimas tres semanas -el tiempo que dura ya las movilizaciones de estos operarios jurídicos para hacer cumplir los acuerdos a los que llegaron en su momento con el Ministerio de Justicia-. De esta forma, muchas mujeres que han sufrido malos tratos psicológicos o físicos por parte de sus parejas o exparejas y pueden tener dependencia económica de las mismas, han dejado de recibir estas ayudas porque no entran en los servicios mínimos dispuestos por el Gobierno de España en relación a este paro indefinido.
Según una primera aproximación al inicio de las movilizaciones, se estimaba que el paro bloqueaba la gestión de unos 200 millones de euros consignados y/o depositados en las cuentas judiciales de Canarias. Esta cifra supone todos los pagos a particulares y el tesoro público por aquellas cuestiones que tienen que ver con los juzgados y tribunales del Archipiélago, como pueden ser las multas, las indemnizaciones a las partes o las tasaciones de costas, entre otras. También están las pensiones a víctimas de violencia de género o a menores, y otros pagos a empresas o ciudadanos que se ven, de esta manera, muy afectados por la negativa de Justicia a sentarse a dialogar con el comité de huelga, en el que se encuentran las tres asociaciones que aglutinan a estos operadores jurídicos en nuestro país.
Isabel Morales, portavoz de los letrados de la administración de justicia en Las Palmas, durante la concentración este miércoles / Juan Carlos Castro
Sin embargo, según la portavoz de los LAJ en la provincia de Las Palmas, Isabel Morales, las pensiones a menores y víctimas de violencia de género suponen un pequeño porcentaje del total de dinero bloqueado, que en su mayoría tiene que ver con multas e indemnizaciones, sobre todo.
Es este funcionariado el que expide las órdenes de pago con cargo a la cuenta de depósitos judiciales. Morales señaló este miércoles, durante una nueva concentración en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en la plaza de San Agustín de Las Palmas de Gran Canaria, que muchas familias "se están viendo afectadas" por este bloqueo, y que no es su intención generar este perjuicio a la ciudadanía, por lo que instó, una vez más, al Ministerio a sentarse y cumplir lo acordado.
Unos cuatro millones bloqueados en Las Palmas
La huelga de LAJ ha obligado a suspender ya más de 5.613 juicios en toda Canarias en estas tres semanas, así como otras tantas diligencias en los distintos procedimientos que se están instruyendo. Los datos aportados por los convocantes, también muestran que más de cuatro millones de euros de esos depósitos judiciales están parados en Las Palmas, que corresponden únicamente a los que han entrado desde el inicio del paro el 24 de enero. Asimismo, existen 11.000 escritos en la provincia oriental que han llegado a los juzgados y tribunales estos 22 días y cuyo trámite no ha podido comenzar.
Nueva jornada de concentración de los letrados de la administración de justicia en la provincia de Las Palmas. / Juan Carlos Castro
Este jueves, tendrá lugar la primera de las reuniones, 23 días después de que comenzara la huelga indefinida, entre el Ministerio de Justicia y el comité de huelga, en el que se encuentran representadas las tres grandes asociaciones de letrados del país -el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ)-. Sin embargo, los convocantes no son optimistas sobre el éxito que podría tener este encuentro.
Según Morales, esperan que del diálogo con el departamento de Pilar Llop salga "una ejecución de lo acordado, no solamente palabras, porque con palabras ya hemos estado casi un año". En ese sentido, la delegada de CNLAJ en la provincia oriental explicó que solo cortarán la huelga si se cumplen con sus exigencias: cumplir lo que se acordó en abril del año pasado con Justicia, en lo que supondría un incremento salarial acorde al aumento de funciones que vienen desarrollando en los últimos años -de un 300%, según denuncian-.
Símbolo de unidad
En esta ocasión, la concentración se trasladó al Palacio de Justicia de San Agustín, destacó Morales, como un símbolo de unidad de todo el colectivo. Negó que tuviera algo que ver con la vista oral que se celebró hace dos semanas para resolver un recurso de apelación en el marco del caso Romina sin la presencia de un letrado que diera fe pública de lo que allí se trató.
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