El Consejo General del Poder Judicial investigará al juzgado de Arrecife que instruyó el caso Romina

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investigará al Juzgado de Instrucción de Nº1 de Arrecife por la instrucción del caso Romina, la joven paraguaya a la que presuntamente dio muerte su marido, Raúl Díaz, cuyo cuerpo quemó troceado en una barbacoa en la Nochevieja de 2018 en la que casa que ambos compartían en la urbanización El Palmeral, en Costa Teguise (Lanzarote) y que luego lanzó a distintos puntos de la costa lanzaroteña.

Raúl Díaz quedó en libertad provisional y sin fianza el 13 de enero de 2023 debido a que pasó cuatro años en prisión (el tiempo máximo que permite la ley) sin que aún se haya celebrado el juicio, previsto con tribunal de jurado. Nada más salir de la cárcel de Tahiche, el marido de Romina tomó un avión rumbo a Madrid. Entre las medidas que le fueron impuestas por la Audiencia Provincial de Las Palmas a la espera de que se fije y celebre el juicio, figuran las de acudir todos los lunes a firmar al juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España. La Fiscalía y las acusaciones particular y popular pidieron sin éxito que Raúl Díaz acudiera a firmar a diario debido a que consideran que existe un alto riesgo de fuga.

La investigación, que ha adelantado hoy en su edición digital el diario El País, se debe a la queja que presentó el pasado mes de enero ante el CGPJ la abogada de la familia de la víctima, Emilia Zaballos (letrada de la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales), contra la actuación del juzgado de instrucción de Arrecife por el retraso que acumula la causa desde el comienzo de la investigación en enero de 2019.

En el escrito que envió Zaballos al CGPJ al que ha tenido acceso LA PROVINCIA, se pone de relieve, tras el detalle pormenorizado de los pasos que ha ido dando el procedimiento desde sus inicios, que "es incomprensible que hayan transcurrido los años 2020 y 2021 donde la principal actividad del Juzgado hayan sido pruebas inútiles e impertinentes y que gracias a esta negligencia (dicho sea en términos de defensa y con todos los respetos) hoy en día el acusado está en la calle, sin que haya aún fecha para el juicio".

El informe psicológico del investigado, continúa el escrito de queja de la acusación, "finalmente, se tiene por aportado el 8 de septiembre de 2022. Han pasado casi dos años desde que se solicitó. Así, el retraso que buscaba la defensa de forma consciente y como estrategia de defensa tuvo un éxito innegable".

El 2 de febrero de 2022 se desestimaron los recursos que había formulado la defensa contra una serie de diligencias de prueba solicitadas. En ese momento, según Zaballos, "se debió cerrarla Instrucción, máxime si el Juzgado diligentemente se hubiera percatado que gran parte de los años precedentes 2020 y 2021 habían sido tiempos perdidos".

A partir de ese momento volvieron "a trascurrir cinco meses sin apenas actividad, hasta que se emplazan a las partes mediante Auto de fecha de 2 de julio de 2022 y el día 29 de agosto de 2022 finalmente se acuerda el Auto de apertura del Juicio Oral. Resulta incomprensible toda esta primera mitad del año 2022 donde se ha perdido un tiempo precioso".

El acusado de matar y descuartizar Romina Celeste ya ha salido de prisión

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Por otro lado, continúa la acusación, "en el mes de septiembre de 2022 nos personamos las partes en el Tribunal Jurado, pero el juicio estaba lejos de celebrarse aún, ya que la defensa aprovechó el tramite de cuestiones previas para provocar una vista y una serie de recursos que se sucedieron. Lo cierto es que la Audiencia Provincial no señaló vista para las cuestiones previas hasta el 24 de noviembre de 2022". Las mismas "fueron desestimadas mediante auto de 1 de diciembre de 2022, que fue recurrido por la defensa el 19 de diciembre de 2022. Los autos se encuentran actualmente en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Gran Canaria".

Finalmente, Raúl Díaz quedó en libertad provisional y sin fianza el 13 de enero pasado.

El 31 de enero de 2023 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)celebró la vista de apelación de las pruebas del caso Romina a raíz de un recurso sin resolver presentado por uno de los abogados que ha tenido durante el procedimiento el marido. Ese mismo día la Sala resolvió mediante auto el recurso de apelación y su decisión, cuya ponencia correspondió a la magistrada Carla Bellini, consta en el sistema de gestión procesal sin que hasta la fecha haya sido notificada por la huelga de Letrados de la Administración de Justicia.

La causa no se paró, la Audiencia Provincial de Las Palmas

Se da la circunstancia de que el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya Valdés, magistrado comisionado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para investigar las posibles disfunciones que podrían haber concurrido en la instrucción por la muerte de la joven paraguaya Romina Celeste Núñez Rodríguez, ha concluido que, durante los cuatro años que ha durado el proceso, la causa “en ningún momento ha estado paralizada”, sino que, por el contrario, el dictado de resoluciones por parte de la magistrada y las dos juezas sustitutas que estuvieron en ese periodo al frente del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Arrecife “ha sido prácticamente continuo”.

El instructor de las diligencias informativas incoadas de oficio por la Sala de Gobierno ha concluido, tras dos jornadas de la semana pasada examinando minuciosamente el procedimiento en los juzgados de Arrecife de Lanzarote, que no existe “indicio alguno” de que ninguna de las tres instructoras que actuaron en la causa a lo largo de estos cuatro años “pudiese haber incurrido en algún tipo de responsabilidad”.

Romina Celeste murió en la Nochevieja de 2018, presuntamente, a menos de su marido, Raúl Díaz, quien luego descuartizó y quemó el cadáver de su esposa en una barbacoa en su vivienda de Costa Teguise además de tirarlo al mar en diversos puntos de la costa de Lanzarote.

"Un asunto muy complejo y sin cadáver"

Como estaba previsto, Moya Valdés ha presentado hoy viernes su informe sobre el caso Romina, de carácter reservado, ante la Sala de Gobierno, de la que es miembro nato. Desde este órgano se apunta que, a la vista de contenido del documento, se constata que se trata “de un asunto muy complejo que se sigue por delito de homicidio sin que exista el cadáver”, lo que ha exigido la práctica de numerosas pruebas, entre ellas las periciales, algunas imprescindibles para la buena instrucción de la causa y que, al tratarse de actuaciones de investigación, pertenecen al ámbito jurisdiccional, por lo que la Sala de Gobierno no puede pronunciarse sobre su pertinencia o utilidad.

El órgano de gobierno de los jueces de Canarias expone que, no obstante, en la investigación por la muerte de Romina Celeste sí “se observa alguna anomalía en la excesiva duración de la elaboración de algunos informes periciales, a pesar de su extrema complejidad y que, en casos como el presente de causa con preso, se debería evitar”.

Más medios para el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas

La Sala de Gobierno anuncia que, “lamentando profundamente lo acontecido”, para coadyuvar a que en el futuro la instrucción dure “lo menos posible”, se dirigirá a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias para interesar que “se dote de los medios necesarios al Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, cuyo informe, complejo, desde luego, se ha dilatado más de dos años”, así como al Servicio de Modernización de dicha Dirección General, responsable del sistema de gestión procesal, para que, en todos los documentos judiciales en los que proceda, conste y se destaque de manera visible la mención “causa con preso”, y ello a fin de que no exista duda acerca del carácter preferente en su tramitación. 

El único encausado en este procedimiento, el marido de Romina Celeste, actualmente en libertad a la espera de juicio tras cuatro años (el máximo que permite la ley) en prisión preventiva y sometido a medidas cautelares (se le ha retirado el pasaporte con imposibilidad de expedición de uno nuevo, tiene prohibido salir del país y debe presentarse todos los lunes a firmar en el juzgado donde tiene establecida su residencia), está cumpliendo hasta el momento con todas las obligaciones que se le han impuesto. 

Habrá ampliación.