César Tolosa: "El retraso en ciertos recursos del Constitucional no es explicable, ni asumible"

¿Puede dar unas pinceladas sobre su ponencia acerca de la responsabilidad sanitaria derivada de la pandemia de Covid-19, que será hoy en estas jornadas de derecho e investigación?

Las medidas que se tomaron por las administraciones públicas -tanto a nivel estatal como regional- por el Covid dieron lugar a una serie de restricciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos que, en ocasiones, produjeron efectos adversos o perjudiciales sobre su libertad de circulación o patrimonio. Desde el punto de vista legal, es perfectamente posible que esos ciudadanos que se han sentido perjudicados por una actuación de la administración puedan reclamar la indemnización correspondiente. Mi intervención no va a hacer referencia a este cúmulo de posibilidades, sino que, tratándose de unas jornadas como estas, versará con lo relacionado al ámbito de la responsabilidad sanitaria. Históricamente, el derecho ha atendido a los daños que sufrían los pacientes como consecuencia de la asistencia sanitaria que le proporcionaban las administraciones sanitarias, pero en este momento, lo que ha ocurrido tiene que ver con la propia integridad física del personal sanitario. Estamos ante una materia en la que existen muchas incertidumbres y pocas certezas.

¿Han llegado también a los tribunales asociaciones médicas, profesionales sanitarios por las malas condiciones que se dieron durante la pandemia?

Sí, fundamentalmente los sindicatos han planteado reclamaciones ante distintos tribunales y ya se han dictado las primeras resoluciones a las que haré referencia, y que han sido contradictorias. Al menos tres sentencias que se dictaron por la jurisdicción laboral en la Comunidad Valenciana reconocían determinados derechos a los sanitarios que habían sufrido, no daños, sino exclusivamente la existencia del riesgo. Pero, posteriormente, la sala de lo Social del TSJ de la Comunidad Valenciana dejó sin efecto esta indemnización.

En términos generales, ¿cómo se podría calificar la actuación de las administraciones públicas a la hora de responder a la pandemia?

Como no había certidumbres, la posibilidad de reacción era compleja. Creo que se ha demostrado que no estábamos suficientemente preparados para hacer frente a una contingencia de esta naturaleza, pero tampoco en el resto del mundo. No ha sido un fenómeno exclusivo de nuestro país. También digo que juzgar en este momento, cuando ya hemos dejado atrás la pandemia, resulta fácil, una vez sabemos lo que ha ocurrido. Dicho esto, desde el punto de vista jurídico, que es el que me corresponde, sí que creo que la pandemia ha demostrado que nuestra legislación sanitaria de emergencia es absolutamente débil e insuficiente para hacer frente a una situación como la que hemos vivido. Lo que no es posible es que los jueces y tribunales tuvieran que ir marcando el camino a las comunidades de cuáles podrían ser las restricciones en materia de derechos fundamentales. Creo necesario afrontar una modificación que, de cara a posibles escenarios como este, sea capaz de dar una respuesta jurídica más coherente.

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¿Cómo ha sido su aterrizaje en el Tribunal Constitucional?

Es un aterrizaje ilusionante, responsable. Lo que más me ha determinado es que para un jurista no existe misión más importante que la defensa de la Constitución. Considero que soy un privilegiado, porque como jurista puedo llevar a cabo la misión que creo más importante en este país: la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Esa responsabilidad le va a enfrentar a numerosos asuntos que quedan pendientes. Hace pocas semanas, se empezó a resolver la cuestión del aborto, ¿genera inquietud afrontar estos retos?

Inquietud no, volvemos a la idea de la responsabilidad. Sinceramente, creo que una situación como la que se estaba viviendo con determinados recursos, que llevaban hasta 13 años pendientes en el Constitucional, no era ni razonable, ni explicable, ni asumible. En consecuencia, lo pertinente era dar una solución a todos estos temas que, por distintas razones en las que no voy a entrar, estaban enquistados. Y en ello estamos.

¿Era necesario poder sobrepasar esa situación de interinidad en la que se había sumido el Tribunal?

Yo creo que las instituciones tienen que estar por encima de cualquier otra consideración, hay una obligación por parte de los partidos políticos que tenían la responsabilidad, y por parte del Consejo General del Poder Judicial, porque estas situaciones de interinidad no son beneficiosas para nadie. Se ha desbloqueado la situación del Tribunal Constitucional, y lo que espero es que también se pueda resolver la del CGPJ y del Tribunal Supremo, donde la situación es extremadamente grave. En este momento, la Sala a la que yo pertenecía tiene diez magistrados menos de los que debía tener, y eso es una situación gravísima, que entiendo que no tiene ningún tipo de justificación, y deteriora nuestra salud democrática.

Precisamente, dos salas del Supremo son de las que más tardan en resolver los asuntos, y se está viendo con la huelga de los letrados de la administración de justicia (LAJ) cómo se vislumbra un cierto colapso de la administración de Justicia...

En la Sala Tercera del Supremo, la situación no era la mejor, pero tampoco era caótica, ni excesivamente preocupante. La falta de magistrados, evidentemente, supone un cataclismo que también está afectando gravísimamente a la Sala Cuarta, de lo Social, y hay que buscarle una solución inmediata. Pero la falta de nombramientos al resto de la administración le está afectando en menor medida. Eso sí, una situación como la que se está viviendo con la huelga de los LAJ no es beneficiosa para nadie. Las situaciones de conflicto no son positivas, como no lo es la interinidad, y hay que poner el foco en los verdaderos destinatarios de nuestro trabajo, que son los ciudadanos.

¿Percibe que la ciudadanía tiene cierto desapego hacia la administración de Justicia? ¿Se está consiguiendo revertirlo, existen soluciones mágicas?

Soluciones mágicas no existen. Las cosas hay que ponerlas en su contexto: el ciudadano español critica mucho la justicia, pero acude a la justicia. Tenemos un país que es de los más litigantes de la Unión Europea. Si existiera esa desconfianza, probablemente los ciudadanos buscarían vías alternativas para la resolución de sus conflictos. Situaciones como las que se están viendo ahora no ayudan a que haya una mayor confianza en la justicia, lo que hay que hacer es acabar con los problemas puntuales de la justicia, la precariedad que se lleva arrastrando durante muchos años porque no se le ha dotado de los medios suficientes para hacer frente al a labor que tiene encomendada. Cuando todos los ciudadanos reivindiquen la calidad del servicio de la justicia, y exijan de los poderes públicos que pongan los medios para que esa calidad pueda ser efectiva, nos encontraremos en una situación diferente. Creo que a los jueces no se les puede exigir mayor esfuerzo que el que ya están realizando. 

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