El juicio por blanqueo de capitales se aplaza por la ausencia de dos acusados

El juicio a una red imputada por blanquear dinero, presumiblemente proveniente de la droga, se suspendió este lunes debido a que dos de los acusados no se personaron. Uno de ellos se encontraba enfermo y presentó un documento médico que lo atestiguaba, pero que estaba escrito en lituano y no se pudo traducir en el acto. El otro adujo que le dijeron que se iba a suspender la vista y, por ello, no se desplazó hasta la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.

La Fiscalía, por su parte, se abrió a rebajar las penas de tres de los acusados a un año y diez meses de cárcel por delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a banda criminal. Una posible conformidad, puesto que el juicio se terminó aplazando hasta el miércoles sin que se haya consumado la misma, que suscitó las críticas de una de las defensas, que consideró que se estaba vulnerando el derecho de su cliente a la tutela judicial efectiva en el proceso, ya que celebrar la vista con un pacto parcial entre algunos de los procesados causaría "indefensión" para el resto.

Fiscalía pide entre diez y doce años a una banda por blanquear dinero ganado con la droga

La vista, señalada en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas para toda esta semana, se reanudará el miércoles puesto que el tribunal entendió que había "muchas circunstancias" que hacían más viable celebrarlo ese día. En primer lugar, por la incomparecencia de dos de los acusados. Y además, porque la fiscal Inés Herreros interesó la práctica de interrogatorio también a quienes se iban a conformar para que ratificaran los hechos descritos en su escrito de calificaciones provisionales. El tribunal entendió, por tanto, que lo mejor era aplazar el juicio hasta que pudieran estar presentes seis de los ocho acusados, ya que los otros dos están en rebeldía.

Protesta formal

La Sala, presidida por la magistrada Pilar Parejo, tomó la decisión de que el juicio pudiera celebrarse desde este mismo lunes con aquellos acusados que se conformaban y que estaban en la sala, y dejar la práctica del resto de prueba para el miércoles, cuando la persona a la que dijeron que se había suspendido el juicio pudiera estar presente ante el tribunal. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por la abogada de este último procesado, María del Carmen González de Lario, que elevó una protesta formal para que quedara constancia a efectos de posibles recursos en el futuro.

Según la letrada, la conformidad parcial "provocaría indefensión" a quienes no suscribieron ese acuerdo con el Ministerio Fiscal. "Ir a juicio con ese pacto y con una condena previa a algunos de los acusados generaría dificultades para la defensa del resto", ahondó González de Lario ante el tribunal. Ello atacaría, en su opinión, el artículo 24.1 de la Constitución Española, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva.

Una pretensión que fue rechazada por el resto de las partes. Los abogados de los acusados que se conformaban afirmaron que existe jurisprudencia del Supremo que admite, a priori, la posibilidad de celebrar juicio con una conformidad parcial, y que en la práctica del día a día, esto se hace "de manera habitual". Por su parte, el abogado del otro acusado que no suscribió el pacto, Carlos Marrero Pérez, aseveró que, si bien "tiene dudas" sobre si ello pudiera afectar o no durante el juicio, no se iba a adherir a lo solicitado por su compañera, interesando que la vista siguiera su curso.

Los hechos que se enjuician, según la Fiscalía, tienen que ver con las labores de los acusados para ocultar el origen del dinero que obtenían para posteriormente introducirlo en el tráfico económico comprando bienes inmuebles y abriendo cuentas y otros productos financieros.

Un acusado más

La fiscal también prevé subsanar en la fase de cuestiones previas un error en sus conclusiones provisionales, de tal manera que añadió a la causa un acusado más que haría un total de ocho -dos de ellos en busca y captura-. Se trata de una persona que representó a la empresa imputada, Leana Import Dist-Serv S. L., en la compra de dos propiedades con la intención de "dar una apariencia de legalidad a un dinero de origen ilícito", en palabras del Ministerio Público. En ese escrito, solo aparece como acusada la mercantil, interesando una multa de 365.000 euros y su disolución. Pero ahora, también se procesa a ese delegado por el delito de pertenencia a grupo criminal.

Sobre esto, su abogada, González de Lario, criticó al Ministerio Fiscal por este cambio. "Durante años, se le solicita una pena como persona jurídica y ahora, al no conformarse, también se le pide otra como persona física, al igual que al resto de acusados... Es un sinsentido", censuró la letrada.

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