Las Palmas de Gran Canaria

La Fiscalía amplía su acusación por blanqueo de capitales a una octava persona

Los agentes sitúan a este inculpado, propietario de una empresa, como segundo de la banda | Tres acusados son condenados a un año y diez meses tras un acuerdo con la fiscal

Uno de los acusados declara este miércoles ante el tribunal en el juicio por blanqueo de capitales bajo la mirada de los otros dos.

Uno de los acusados declara este miércoles ante el tribunal en el juicio por blanqueo de capitales bajo la mirada de los otros dos. / LP/DLP

Los agentes de la Guardia Civil que participaron en la vigilancia y seguimiento de la banda con sede en Las Palmas de Gran Canaria que, presuntamente, blanqueaba capitales procedentes de actividades ilícitas sitúan al dueño de la empresa acusada, Leana Import Dist-Serv S. L., como mano derecha del cabecilla. En un primer momento, la Fiscalía no había acusado a esta persona, solo a la mercantil del que era propietario, pero tras subsanar el error, envió un segundo escrito de calificaciones en el que sí le imputaba los mismos delitos que al resto de los ocho procesados. Una notificación que, tanto el inculpado como su abogada, afirmaron este miércoles durante el juicio no haber recibido.

Debido a este error que la fiscal Inés Herreros subsanó en esta segunda jornada del juicio, que el lunes se suspendió debido a la ausencia de dos de los acusados, la defensa de este inculpado de última hora adujo "indefensión". El hombre aseguró ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas que nadie le había notificado su imputación como persona física, sino solo como representante de la mercantil. Su abogada, María del Carmen González de Lario, fue más allá: "No teníamos constancia de ese segundo escrito de calificaciones, fue en la primera jornada del juicio cuando nos enteramos".

La abogada lamentó que esta situación les generaba "indefensión" y vulneraba el artículo 24.1 de la Constitución en lo que a la tutela judicial efectiva se refiere. Por ello, consideró que esta modificación tenía vicios de nulidad, por lo que solicitó la suspensión del proceso en aras de poder preparar mejor su defensa. Una opinión que compartió el tribunal. Pese a ello, se practicó gran parte de la testifical, con las declaraciones de los agentes del Instituto Armado que participaron en la investigación.

Un 'soplo' de la DEA

El instructor de gran parte de la causa explicó que la investigación se inició después de un "soplo" de la DEA (siglas en inglés de la Administración para el Control de Drogas estadounidense). Según las informaciones de la agencia norteamericana, un grupo de origen sudamericano -las dos personas que están en rebeldía- podía haberse desplazado hasta Canarias para expandir sus actividades criminales. Más adelante, los investigadores de la Benemérita se percataron de que existía una conexión entre este grupo latino y otro de Europa del Este a través de citas presenciales. De hecho, los europeos llegaron a alquilar un apartamento para que los primeros pudieran seguir desempeñando sus tareas.

Uno de los acusados, acompañado del intérprete, declara este miércoles durante el juicio en su contra.

Uno de los acusados, acompañado del intérprete, declara este miércoles durante el juicio en su contra. / LP/DLP

En esa intensa investigación, los agentes detectaron que el administrador de Leana Import Dist-Serv era el encargado de dar cobertura de seguridad al cabecilla del clan, su fiel ayudante y su mejor amigo. Ejercía, como se conoce en las esferas policiales, labores de contra vigilancia. Al ser interrogados por las defensas, los guardias civiles insistieron en que la participación dentro de la banda del encausado "se desprende de las operativas concretas de entregas de dinero y circuitos circulares en las que aparece, pero también por su ayuda al cabecilla y por las actividades que él mismo desarrolla".

Esta empresa, de la que Fiscalía interesa que abone una multa de 365.000 euros, fue creada para "dar apariencia de legalidad a las ganancias que obtenían de la realización de delitos contra la salud pública", según recoge el Ministerio Público en su acusación. Lo hizo mediante dos operaciones de compra de inmuebles -una se llevó a cabo, mientras que la otra no se llegó a consumar-.

Un círculo para lavar dinero

Los agentes destacaron como lo más "llamativo" que, en la compra de la vivienda que llegó a su fin en Firgas, el dinero para adquirirla haya salido de su propio propietario. Según la investigación policial, se produjo un "círculo de blanqueo". Una empresa de la que era administrador el dueño del inmueble transfirió 150.000 euros a otra con sede en Reino Unido, Saley Trade Limited, que a su vez realizó tres transacciones a Leana Import Dis-Serv, con las que se abonó la cuantía para comprar la casa. Es decir, el dinero "empezó en la misma persona física en la que terminó". Y ello solo tendría como explicación, según el instructor, el blanqueo de capitales.

El tribunal, presidido por la magistrada Pilar Parejo (en el centro), durante la vista que se celebró este lunes

El tribunal, presidido por la magistrada Pilar Parejo (en el centro), durante la vista que se celebró este lunes / LP/DLP

Estos 150.000 euros se suman a otros pequeños préstamos por valor de 57.000 euros que esta misma persona habría hecho a la mercantil encausada en distintos momentos de la investigación.

Conformidad

Al comienzo del juicio, tres de los ocho acusados -de los que dos están en rebeldía- fructificaron el acuerdo al que habían llegado con el Ministerio Fiscal desde el lunes. De esta manera, fueron condenados a penas de un año, siete meses y 15 días de cárcel por el delito de blanqueo de capitales, y de tres meses y un día por el de pertenencia a banda criminal. Asimismo, deberán abonar una multa de un millón de euros.

La vista continuará este jueves con la declaración de los tres inculpados que restan en el procedimiento y la lectura de las conclusiones finales de las partes.

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