La Fiscalía investiga irregularidades en un millar de contratos de Puerto del Rosario

La Fiscalía investiga una serie de contratos menores y adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad por parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, capital de Fuerteventura, entre enero de 2021 y el 3 de marzo de 2023. En concreto, las pesquisas se centran en la preparación, licitación y adjudicación de hasta 1.069 servicios y obras menores que alcanzan un importe total, sin IGIC, de 12,88 millones de euros. Las mayores irregularidades se encuentran, presuntamente, en que algunos de ellos presentan potenciales conflictos de intereses ya que fueron concedidos a familiares de la concejala de Contratación, y tercera teniente de alcalde del Consistorio, Peña Armas Hernández, quien tiene delegada las competencias en esta materia por resolución del alcalde.

Un particular presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción con el análisis de estos contratos, pero esta sección específica del Ministerio Público no observó que se cumplieran los requisitos para iniciar el análisis de los supuestos. Así, decidió delegar el caso en la Sección de Lanzarote y Fuerteventura, que incoó diligencias de investigación penal este miércoles. El fiscal que las ha asumido es Tomás Fernández.

Del total de contratos a analizar, existen 24 que pueden suponer un conflicto de intereses. Ello en base a vinculaciones entre las empresas licitadoras o adjudicatarias o sus representantes con el personal del órgano de contratación o con el propio órgano de contratación, bien por relaciones familiares, de amistad o por intereses económicos.

En ese sentido, la concejala Peña Armas Hernández, que se presenta a la Alcaldía como cabeza de lista de Fuerteventura Avanza -en alianza con Nueva Canarias- para las elecciones del 28 de mayo, habría otorgado estos contratos a dos primos y cuatro empresas de las que eran administradores, así como a la pareja de uno de ellos y al asesor fiscal del otro. La suma vinculada a estas adjudicaciones es de 564.416,66 euros. El objeto de muchos de ellos eran pequeños trabajos para remozar calles, caminos o instalaciones, así como la limpieza y desinfección de mobiliario urbano, dependencias municipales o espacios públicos de diversa índole. En varias de ellas no se conoce el órgano de contratación que las concedió, lo que contraviene la Ley de Contratos del Sector Público.

Periodos cortos

Además de estos conflictos de intereses, la denuncia a la que ha tenido acceso este periódico también pone el foco en otras irregularidades que ha detectado en este millar de adjudicaciones, y que la Fiscalía está analizando. Entre ellas, unos plazos muy cortos, en muchos casos de uno a dos días -y hasta de menos de 24 horas-, para que las empresas interesadas puedan presentar las ofertas. Una estrechez de periodos que no tendría justificación alguna, salvo que en ocasiones lo escudaban en circunstancias de urgencia o de emergencia, si bien no se detectó, en principio, que se cumplieran los requisitos legales establecidos en la normativa de contratación. En cualquier caso, el intervalo sigue siendo escaso puesto que la urgencia debe reducir en un 50% el normal, pero nunca llegará a ser únicamente de dos jornadas.

Muchos de estos vínculos comerciales tampoco cuentan con una definición precisa de las necesidades o el alcance concreto de las prestaciones que se van a realizar. Es decir, mediciones, unidades, formas de ejecución, proyectos y/o presupuestos muchas veces no quedan clarificados en las bases. El denunciante estima que existen vaguedades o que directamente no se detalla el alcance de lo que se va a ejecutar ni una justificación del por qué del presupuesto. Ello dificulta que se pueda ejercer un control sobre la ejecución y los cambios que se produzcan en el proceso.

En otros casos, el problema recae en que no se designa responsable del contrato, lo que incumple la ley. En la mayoría de casos, es Peña Armas Hernández quien firma la memoria justificativa, la solicitud de ofertas y la adjudicación como órgano de contratación, designándose también como encargada del mismo. Este comportamiento es poco recomendable en el caso de vínculos de suministros y servicios, pero contraviene la ley en los que tienen que ver con obras, puesto que la concejala carece de titulación o habilitación para ejercer como directora facultativa de obras.

Reparos ignorados

Por otro lado, se afirma que un número no desdeñable de los contratos menores sobre los que investigará la Fiscalía han sido objeto de reparos por parte de la Intervención del Ayuntamiento majorero. En la mayoría de los mismos, el responsable de las licitaciones formuló su discrepancia respecto del informe del interventor municipal. Son 89 las adjudicaciones que sembraron las dudas en el ejercicio 2021 y en los primeros meses de 2022.

Todas estas presuntas irregularidades serán analizadas desde ahora por el fiscal Tomás Fernández, quien adelantó que llegará "hasta el fondo del asunto" e indagará "en profundidad" todo lo que le llegue y realizando los interrogatorios que considere oportunos.

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