Dan la razón a un agente canario que denunció a la Guardia Civil por negarle un día libre de asuntos propios
Un superior se lo autorizó y luego canceló en un plazo de menos de 24 horas, lo que llevó al afectado a interponer un recurso, que fue desestimado por otro superior jerárquico, con lo que decidió acudir a la justicia ordinaria
La justicia ampara el derecho de un agente de la Guardia Civil a disfrutar de un día libre de asuntos propios, después de que le fuera denegado inicialmente por un superior. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Las Palmas celebra este "nuevo éxito" en la defensa de los derechos de sus afiliados, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una sentencia a favor del agente y ha condenado a la Dirección General de la Guardia Civil a pagar las costas del proceso.
Según la AUGC, la sentencia explica que el examen de los documentos del expediente muestra que el órgano competente emitió dos actos en sentido opuesto, denegando el día libre después de haberlo autorizado inicialmente. El tribunal considera que no es aceptable que se emitan resoluciones diametralmente opuestas en perjuicio del interesado. Además, la sentencia señala que no se puede oponer el cumplimiento de las obligaciones alegando defectos formales cuando estos son imputables a quien los invoca, en línea con el principio general del Derecho.
La AUGC detalla que el Jefe de Unidad emitió una primera resolución concediendo el permiso, pero menos de 24 horas después emitió una segunda resolución denegándolo. A pesar de la anomalía de estas decisiones, el superior jerárquico del agente desestimó el recurso de alzada presentado, lo que causó un grave daño al agente, un aumento de trabajo en la Administración de Justicia y afectó la imagen de la Institución ante el personal del Ministerio de Justicia. Además, la defensa estima que los gastos ocasionados ascendieron a 2.832 euros, que serán sufragados por la Guardia Civil con los impuestos de los contribuyentes.
Sindicato
La AUGC destaca que nuevamente ha sido un órgano judicial externo a la Dirección General de la Guardia Civil el que ha reconocido la vulneración de los derechos de un guardia civil, anulando los actos administrativos por ser contrarios a Derecho. Estos contundentes argumentos evidencian, según la organización, que algunos mandos de la Guardia Civil aún priorizan el corporativismo sobre los derechos de los agentes que prestan servicio en las unidades que dirigen.
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