La Fiscalía aprecia dos delitos en el nombramiento de un funcionario de Santa Lucía de Tirajana

La Fiscalía de Las Palmas ve indicios de delitos de desobediencia de autoridades o funcionarios y de prevaricación en lo que al nombramiento de un funcionario del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria, concretamente el jefe de Servicio de Recursos Humanos, respecta. El Ministerio Público terminó la investigación de estos hechos y ha remitido las diligencias a los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, partido judicial competente en el municipio del sureste, para que incoe las correspondientes diligencias previas. 

El nombramiento de esta jefatura había sido anulado por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el 21 de octubre del pasado año, pero el área de Recursos Humanos no hizo efectiva la nulidad acordada por los tribunales. Ello pese a que pocos días después sí lo hizo con otra jefatura, la de Servicios Jurídicos, que también tenía la plaza anulada por resolución judicial en términos similares. La denuncia ante la Fiscalía la presentó la sección sindical de Sepca en el Consistorio del Sureste en noviembre de 2022, cuyo representante se presenta a las elecciones del domingo en las listas de la alianza electoral de AV y PP.

Cambios en los requisitos de formación

Las pesquisas de la fiscal Inés Herreros se centraron en una serie de cambios en los requisitos de formación que el investigado, una vez conocida la sentencia que anulaba su nombramiento, realizó en las bases para contratar a determinados cargos de la Escala de la Administración General. Este funcionario accedió a su puesto, presuntamente, sin tener la titulación académica necesaria para el mismo y después habría impulsado esta modificación para poder beneficiarse y optar a la plaza con mayores garantías.

En su momento, el concejal de Recursos Humanos tirajanero, Pedro Sánchez, aseguró que la actuación del Consistorio había sido la correcta y que ejecutaron la sentencia, tal y como comunicaron a la Fiscalía y al juzgado, a través de «un concurso de provisión de puestos de jefaturas de servicio». 

Artículos 404 y 410 del Código Penal

La fiscal Herreros concluyó la investigación y remitió en los últimos días la causa al decanato de San Bartolomé de Tirajana para que lo reparta y se inicie su instrucción. En concreto, entiende que los hechos que se describen «presentan indiciariamente caracteres de un delito de desobediencia de autoridades o funcionarios y/o prevaricación previstos y penados en los artículos 410 y 404 del Código Penal». Una vez se incoen las diligencias previas, se empezará a practicar la prueba, a partir de la cual el juzgado decidirá si, efectivamente, existen estos tipos penales o no.