El abogado que fue expulsado de un juicio en Las Palmas de Gran Canaria retira su queja contra el magistrado

El abogado Tomás Valdivielso, que fue expulsado a principios de abril de la sala durante un juicio en el Juzgado de lo Social 2 de Las Palmas de Gran Canaria, retiró la queja que presentó ante el Colegio de Abogados de Las Palmas (Icalpa) para que le brindara su amparo. De esta manera, el procedimiento dejará de seguirse en el seno del órgano colegial y se archivará. Esta cuestión ha generado en las últimas semanas gran controversia en la Abogacía, dividida entre quienes apoyan al letrado y quienes defienden la actuación del magistrado Carmelo Batista.

Según han confirmado fuentes de Icalpa a este periódico, la intención del abogado es retirar el procedimiento que inició en su momento. De hecho, solicitó una cita para poder tratar la cuestión a la Junta de Gobierno para este viernes, pero por cuestiones de agenda no se podrá desarrollar el encuentro. De confirmarse esta determinación, el amparo llegaría a su fin, siempre que se acuerde ello en el órgano directivo del Colegio, aunque todo parece indicar que será así.

El caso de Valdivielso saltó a los medios después de hacerse viral un vídeo en el que el magistrado Batista le expulsaba de una vista oral por haberle interrumpido en el uso de la palabra. En las imágenes, se ve cómo el juez, tras un receso en el juicio, empezaba diciendo que iba a hacer "ciertas precisiones" para luego añadir que el abogado le había llamado "mentiroso". Fue entonces cuando le interrumpió asegurando que el juzgador también le había calificado de la misma manera, algo que no sentó bien a Batista, quien elevó el tono y le instó a abandonar la sala con gesto firme.

La obligación del Colegio

Debido a esta expulsión, el abogado en un primer momento presentó este escrito de queja ante el Colegio de Abogados, que en sus estatutos -y en la normativa estatal sobre la Abogacía- tiene consagrados sus obligaciones para amparar a sus colegiados en este tipo de supuestos. Por ello, la Junta de Gobierno decidió avanzar en la reclamación y darle curso siguiendo todos los procedimientos a tal efecto. Tal y como explicó el decano, Rafael Massieu, es su deber "llegar a entender si de verdad se produjo esa vulneración de derechos o no", al tiempo que adelantó que existían evidencias de que podía haber sido así, pero que todo ello se debatiría en la próxima reunión de la junta a mediados de junio. Pero ese intercambio de pareceres finalmente no se producirá.

En un comunicado difundido este miércoles, Icalpa aseguró que velará porque en el "ejercicio profesional se observen las condiciones de dignidad y prestigio que corresponden al abogado, proveyendo lo necesario para el amparo de aquéllas". Lo hizo ante las críticas que había suscitado entre un sector de abogados laboralistas que hubiera admitido a trámite la queja. En cualquier caso, insistieron, lo único que hacían era cursar la reclamación y hacerla llegar a los órganos judiciales competentes para estudiarla, en este caso el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

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