La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas celebró este miércoles el juicio contra Juan H. M., acusado de engañar a su expareja y a la familia de esta para derivar grandes cantidades de dinero a su cuenta corriente, por lo que la acusación pública y la particular solicitan una pena de dos años y tres meses de cárcel y una indemnización de 101.224 euros. En concreto, se le acusa de estafar a su anterior pareja sentimental, así como a la madre y al hijo de la misma, para conseguir 126.113 euros entre 2017 y 2019. El procesado reconoce que tenía acceso a la firma electrónica de la familia, pero se basa en que las operaciones que realizó a través de la cuenta de la denunciante "tenían que ser aprobadas primero en su teléfono móvil".
En sus declaraciones, el encausado hizo referencia en reiteradas ocasiones a que contaba con solvencia económica en el momento en el que se sitúan los hechos y a que pagaba viajes y comidas para él y su expareja con las ganancias que tenía de ventas y gestiones inmobiliarias, mientras que ella sufragaba la alimentación y el alquiler de la vivienda. No obstante, el fiscal alegó que "no ha presentado ninguna prueba documental" de que desempeñaba estas labores. "Simulaba una actividad económica que nunca tuvo. Vivía a costa de esta familia", aseveró en sus conclusiones.
La Fiscalía le acusa de apropiarse de 86.091 euros de la primera víctima, que habría derivado a una cuenta de Caixabank a la que tenía acceso y que abrió a nombre de la denunciante sin que esta tuviera conocimiento. El encausado declaró en la vista oral que el 20 de agosto de 2017 solicitó de forma telemática un préstamo de 50.000 euros a la entidad bancaria BBVA a nombre de la víctima, pero se basa en que lo hizo con su autorización telefónica. La denuncia recoge que este dinero fue después transferido a la cuenta a la que tenía acceso, mediante tres transferencias de 15.000 euros y una cuarta de 4.500.
Su suegra en aquel momento le dio los 35.000 euros que tenía ahorrados para que los guardara
También se le acusa de que, haciendo uso de la firma digital de su expareja, a la que tenía acceso en su propio ordenador, le solicitó a distintas entidades financieras tres préstamos en cantidades menores que iban a parar a la cuenta de la Caixa, además de un cuarto a esta entidad con valor de 15.000 euros. El acusado niega haberse apropiado de las cantidades que le devolvieron a la denunciante de la declaración de la renta de 2017 y 2018, que ascendían a 438 y 937 euros, respectivamente. Después de la separación trató de ponerse en contacto con ella: "Primero teníamos que arreglar todo porque no se habla de lo que ella me debe", apuntó en su intervención.
Por otra parte, reconoció que su anterior suegra le había dado los 35.000 euros que tenía ahorrados y que custodiaba en una caja fuerte en su hogar hasta que unas humedades en la pared le llevaron a cambiar su ubicación. La misma declaró ante el Tribunal y explicó que tenía la intención de invertir ese dinero para comprar una cama adaptada para su hijo, que padece esclerosis múltiple.
La testigo afirma que el acusado le había prometido pasar el dinero a una caja fuerte de su entidad bancaria, en una cuenta que según el fiscal no existía. Sin embargo, cuando le preguntó por los hechos, le dijo que lo había invertido para ganar más. "No tiene escrúpulos para quedarse con el dinero de una señora", criticó la acusación pública.
El encausado alega que las operaciones "tenían que ser aprobadas" por la titular de la cuenta
El denunciado también guardaba la firma digital del hijo de su expareja "porque decía que así estaría más segura", testificó el mismo. Además, adquirió un coche que el acusado se había ofrecido a financiar y le fue adelantando los pagos para acelerar el crédito, confiando en él, aunque estos no fueron a parar a tal fin.
Por otra parte, también dio su versión en el juicio el responsable de una oficina de gestión de inmuebles de Tenerife. El acusado se dirigió a él a través de un conocido, se interesó en una propiedad de 2,2 millones de euros con uso sociosanitario y "fueron casi nueve meses de tiempo perdido negociando esa propiedad". El encausado explica que su intención era abrir una residencia de ancianos, pero renunció por el cambio en la ordenación del territorio.
