La Fiscalía pide ocho años de cárcel para dos hosteleros acusados de fraude a la Seguridad Social

El juicio a un matrimonio de hosteleros de Las Palmas de Gran Canaria por un presunto fraude a la Seguridad Social ha sido suspendido porque no se tomó declaración a la responsable civil subsidiaria en la fase de instrucción. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha anulado el auto de apertura del juicio oral porque sostiene que para la celebración de la vista, prevista para este miércoles, es necesario contar con el testimonio de la persona que respondería económicamente por los delitos en caso de que se dicte una sentencia condenatoria y los acusados se declaren en situación de insolvencia. Por tanto, se notificará a la persona apelada para que declare ante el juez instructor y entonces se dictará una nueva fecha para el juicio.

La fiscal Elena Carrascoso y la acusación particular, ejercida por la letrada Cristina Rodríguez Jaimez en representación de la Seguridad Social, solicitan una pena de ocho años de cárcel, una multa de 958.578 euros y una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 378.334 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social. En el escrito de acusación, el Ministerio Fiscal les atribuye la autoría de un delito continuado contra la Seguridad Social y de un delito de frustración de la ejecución.

Armando Martín Bueno, el abogado de la defensa, expuso frente a los magistrados que en la formulación de la acusación se produjo una "vulneración de los derechos fundamentales" porque se imputan unos hechos que, según el letrado, no constan en el auto de apertura del juicio oral y los acusados no han sido interrogados al respecto. Solicitó a la Audiencia de Las Palmas que se limite a juzgar los hechos contenidos en el auto, frente a la oposición de la fiscal y de la acusación particular, que sostienen que en el citado documento se habla de los supuestos delitos y los acusados han respondido por ellos en la fase de instrucción.

Los encausados dirigían y gestionaban un restaurante familiar en el Centro Comercial La Ballena

El escrito de acusación de la Fiscalía recoge que los dos acusados se dedicaban al sector de la hostelería, dirigían y gestionaban un restaurante familiar en el Centro Comercial La Ballena. "Los encausados, guiados por el ánimo de defraudar a la Seguridad Social, llevaron a cabo dicha explotación a través de tres empresas de forma sucesiva", sostiene el Ministerio Fiscal, que recoge que utilizaron distintas formas empresariales pero manteniendo "los mismos medios materiales y, en algunos casos, contratando a los mismos trabajadores".

La fiscal detalla que "tras cesar la actividad en el local 26, pasaron a desarrollarla en el local 27 y después en el T18", impidiendo de esa forma el cobro de las cantidades debidas a la Seguridad Social. "Desde el inicio del procedimiento de Recaudación Efectiva el 30 de noviembre de 2016 hasta su finalización el 14 de diciembre de 2018, resultaron infructuosos los trámites para el embargo de cuentas corrientes y de ahorro, bienes o pagos realizados en los terminales de puntos de venta", añade.

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