La familia Kokorev se divide y discrepa sobre quién les debe juzgar

La Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas deberá resolver a partir de enero si el juicio a los Kokorev por un presunto delito de blanqueo de capitales es competencia del órgano provincial o de la Audiencia Nacional. Las defensas de la familia se han dividido en la vista celebrada este jueves para resolver las cuestiones previas. Los abogados del patriarca Vladimir Kokorev y de su mujer Julia Maleeva sostienen que los hechos juzgados habrían tenido lugar en el extranjero y que el caso excede por tanto del ámbito provincial. Sin embargo, el letrado de su hijo Igor alega que se solicitó la extradición desde Panamá por una transferencia a Las Palmas de Gran Canaria y reclama que se proceda a la celebración del juicio en la capital.

La familia lleva casi dos décadas enredada con la Justicia por un supuesto blanqueo de 109 millones de euros procedentes de la venta ilícita de armas a Guinea Ecuatorial. Según el auto de apertura del juicio oral, los Kokorev adquirían el armamento en Ucrania, inflaban el precio con recargos de entre un 30 y un 40% del precio real y falseaban las facturas a cargo de los fondos públicos del país africano. "No podemos permitir que todavía sigamos debatiendo a qué órgano le compete juzgar los hechos", incidió Álvaro Campanario, el abogado de Igor Kokorev, frente al tribunal presidido por Emilio Moya.

El laberinto de los Kokorev: 20 años a la espera de juicio

El delicado estado salud de Vladimir, el supuesto cabecilla de la trama, le impidió acudir a la vista para resolver la competencia territorial del caso. Su letrado, José Antonio Choclán, disculpó la incomparecencia del acusado antes de proceder a su alegato, en el que señaló que "no hay ningún asunto que no se juzgue en la Audiencia Nacional con los supuestos de los que partimos". El abogado enfatizó en que "el hecho ha mutado durante todo el procedimiento", pero los delitos antecedendentes de tráfico de armas se habrían producido "fuera del territorio nacional" y el presunto blanqueo deriva de ello.

La defensa del patriarca defiende que se debe resolver primero el supuesto delito de tráfico de armas

La defensa remarcó además que el Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid tiene un procedimiento abierto por la presunta venta de armas a Guinea Ecuatorial, que todavía no se ha resuelto. "Se nos plantea una situación procesal un poco compleja, pero se puede solventar esperando a que concluya la investigación del delito antecedente", incidió, porque sino "se pueden generar sentencias contradictorias".

Antonio José García Cabrera, el abogado de Julia Maleeva, habló de que uno de los hechos relatados en el escrito de acusación de 543 páginas del fiscal es que el presunto cabecilla de las operaciones tiene vínculos con un ciudadano ruso condenado por tráfico ilegal y contrabando de armas con capacidad de carga nuclear en China e Irán. "Estos hechos no pueden ser competencia ni deberían ser enjuiciados en la provincia", enfatizó.

El auto de apertura de juicio señala que en la articulación de la trama estaba implicado el abogado y asesor fiscal y financiero canario Juan José Arencibia, que supuestamente ideó el soporte de sociedades instrumentales y utilizó a sus dos hermanas como testaferros. Los tres acusados acudieron a la vista, pero su letrado no presentó cuestiones previas ni se pronunció sobre la competencia del caso.

Transferencia de 26 millones

El fiscal Anticorrupción, Javier Ródenas, y la acusación ejercida por Álvaro Fernández, en representación de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, señalan que el origen del procedimiento "no ha cambiado" y sigue siendo el informe que emitió el Senado de Estados Unidos en 2009 cuando detectó una transferencia de 26,4 millones de dólares -unos 20 millones de euros- procedente de la cuenta que tenía el Tesoro Público de Guinea en Nueva York. El destino era una cuenta a nombre de la empresa Kalunga, que el patriarca de la familia tenía en una sucursal de Banco Santander en la capital grancanaria.

El representante de la asociación que presentó la denuncia inicial señaló además que "la cuestión de competencia ya fue resuelta al inicio del procedimiento". El auto que emitió en 2009 el juez instructor de Madrid resolvía que la Audiencia de Las Palmas era el órgano encargado de resolver si se produjo un delito de blanqueo de capitales, según alegó el letrado, y se establecía en este documento que el delito precedente era de malversación de fondos de Guinea Ecuatorial.

Las operaciones supuestamente se realizaron con la connivencia de cinco altos cargos de Guinea

Los Kokorev están acusados de ocultar la naturaleza militar de los contratos de ventas de armas realizados entre 1999 y 2011 bajo el concepto de venta y reparación de buques. Según el auto de apertura de juicio, crearon un entramado empresarial de hasta 45 sociedades, algunas de ellas constituidas en territorios off shore como el Estado de Delaware (Estados Unidos) o las Islas Vírgenes (Reino Unido), y mantenían una actividad mínima para blanquear los beneficios de estas operaciones.

Al parecer, las operaciones se realizaron con la connivencia de cinco altos cargos de Guinea, algunos de ellos familiares del dictador Teodoro Obiang, que recibían un porcentaje de los beneficios que obtenían. Sin embargo, los supuestos beneficiarios no están encausados por el tiempo transcurrido desde los hechos y porque se encuentran en otros países.

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