Tribunales

La Fiscalía pide cinco años de cárcel a la dueña de un restaurante de Las Palmas de Gran Canaria acusada de fraude

El juicio ha quedado suspendido porque la hostelera se encontraba enferma y fuera del país

Ciudad de la Justicia de Las Palmas.

Ciudad de la Justicia de Las Palmas. / Juan Castro

Benyara Machinea

Benyara Machinea

La dueña de un conocido restaurante del barrio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, se enfrenta a una pena de cinco años de cárcel y a una multa de 799.582 euros por un presunto delito de fraude continuado a la Seguridad Social entre 2015 y 2020. La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que la hostelera, identificada con las iniciales D. N., creó tres entidades mercantiles de forma sucesiva para desempeñar la explotación del mismo restaurante con la finalidad de eludir los pagos pendientes. El juicio, que estaba previsto que se celebrara este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, quedó suspendido sin una nueva fecha porque la acusada estaba enferma y se encontraba en Italia.

La fiscal sostiene que la mujer generó una importante deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social, que ascendía a 75.101 euros en 2017, por impagos de las cuotas de cotización de sus trabajadores. La primera mercantil se dio de alta en la Seguridad Social en marzo de 2015 y fue baja en julio de 2017, con 81 trabajadores dados de alta durante ese periodo.

Cuando el organismo inició las actuaciones de apremio, la hostelera puso en marcha, según el escrito de acusación, una segunda entidad desde la que habría seguido desarrollando la misma actividad económica en el mismo local y con los mismos trabajadores entre julio de 2017 y diciembre de 2018. La administradora única de la nueva sociedad era una entidad británica dirigida por la acusada y la empresa operó entre julio de 2017 y diciembre de 2018 con 13 trabajadores dados de alta.

Deuda con la Seguridad Social

La Fiscalía sostiene que la entidad generó una deuda de 68.279 euros y la mujer dejó de pagar la cotización que debía abonar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, correspondiente a 10.264 euros, desde 2017 hasta 2019.

Por último, entre 2018 y 2020 la entidad británica creó una nueva sociedad con 25 trabajadores dados de alta que, según la fiscal, continuó con la misma actividad económica y eludió pagos generando una deuda de 31.435 euros.