Tribunales

El TSJC confirma que los técnicos del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana no pueden ejercer sin la titulación

El tribunal echa para atrás un decreto del Consistorio por no tener en cuenta los Grados que exige la ley vigente

Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana.

Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. / La Provincia

Benyara Machinea

Benyara Machinea

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria que tumbaba el decreto del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana por el que los aspirantes con cualquier título universitario podían acceder a las plazas de técnico de la Administración General. El tribunal rechaza el recurso presentado por los servicios jurídicos del Consistorio, al que condena en costas, y determina que "la ley concreta las titulaciones que deben tenerse en cuenta para acceder al puesto en cuestión" y no es posible "eludir dicha precisión legal para facilitar el acceso a la función pública".

El objeto del pleito es la modificación de las bases aprobada en el pleno municipal de octubre de 2022 que abría las plazas de técnico de la Administración general a aspirantes con cualquier título universitario. Por el contrario, la sentencia refiere que la legislación vigente exige que quienes accedan a estos puestos deben contar con el título de licenciado en Derecho, Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario.

La resolución parte de una demanda de la sección en el municipio del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), que notificó la irregularidad en un proceso de oposiciones para acceder a cinco plazas de técnico en el Consistorio. El Tribunal que examinaba el proceso selectivo tuvo traslado de la primera sentencia y del informe emitido por el Servicio de Administración Local del Gobierno de Canarias, que concreta que "para el acceso a las plazas de técnico de la Administración General" es exigible que todos los aspirantes "se hallen en posesión de las titulaciones académicas y profesionales específicas".

Cambio de normativa

Sin embargo, las oposiciones continuaron tramitándose y accedió a una de las plazas ofertadas una aspirante con el título de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y no con alguno de los que exige el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 781/1986.

La administración argumentó en su recurso que la sentencia valora "de forma errónea la normativa" a aplicar en este caso y considera que la ley 7/2007 es la que debe prevalecer. Sin embargo, esta cuestión ya se resolvió en la sentencia de primera instancia con el argumento de que "si bien entra dentro de las potestades administrativas señalar los requisitos exigibles para acceder a un puesto dentro de la administración de que se trate, ello debe ser acorde a lo previsto por la ley".