Tribunales
La investigación por presunta corrupción urbanística parte de una denuncia por convenios en Tamaraceite Sur
La Fiscalía halló indicios de nuevos hechos delictivos cuando analizaba la legalidad de las actuaciones sobre una parcela
Imagen panorámica de Tamaraceite Sur. / Andrés Cruz
La denuncia por presuntas irregularidades urbanísticas en convenios vinculados con el desarrollo de Tamaraceite Sur ha destapado una presunta trama de corrupción que involucra a cargos y excargos de Geursa y Parques y Jardines. La Fiscalía halló indicios de nuevos hechos supuestamente delictivos en el marco de las diligencias de investigación preprocesales que se desarrollaron durante más de un año a raíz de la denuncia interpuesta por la asociación Rehoyas Avanza.
La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas realizó registros en la sede de Geursa y averiguó que las anomalías podían afectar a otras obras importantes de la ciudad como la MetroGuagua, por lo que presentó una querella. La denuncia inicial se dirigía contra dos técnicos del Ayuntamiento y contra el representante de la empresa Guerra Patrimonial FGG, que son tres de las cinco personas a las que investiga ahora el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas, Rafael Passaro Cabrera.
Los hechos denunciados se refieren a unas actuaciones supuestamente fraudulentas que se habrían desarrollado entre 2002 y 2021, durante cinco mandatos locales distintos. Rehoyas Avanza manifestaba en su denuncia que existían supuestas irregularidades de convenios urbanísticos, acuerdos, proyectos de expropiación y permutas de terrenos en torno a una parcela "respecto de la que pesan serias sospechas de existencia física real".
Usos beneficiosos
La Fiscalía mencionó en un comunicado una "disposición falsaria de segregaciones urbanísticas" de la parcela de Tamaraceite Sur, que estaba sujeta a una doble inmatriculación. El documento hacía referencia además a que sobre el terreno existirían acuerdos privados a cambio de otras parcelas con usos y aprovechamientos urbanísticos que serían beneficiosos para la mercantil denunciada.
La denuncia que dio origen a este procedimiento fue presentada por una asociación vecinal formada por residentes de la Carretera General del Norte que no quieren ser incluidos en el Plan de Reposición de Las Rehoyas y Arapiles. Inicialmente fue interpuesta por un presunto delito de prevaricación urbanística y otro de malversación de causales públicos.
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