Felipe Guerra achaca la investigación judicial a conflictos internos en Geursa

Felipe Guerra, el único empresario investigado por la operación Valka, achaca las pesquisas judiciales por una presunta trama de corrupción urbanística a conflictos internos de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa). El imputado por supuestamente beneficiarse de adjudicaciones y permutas irregulares se personó el pasado miércoles en la sede de la empresa municipal para solicitar explicaciones, ya que entendía que las investigaciones en las que está envuelto han sido alimentada por extrabajadores en conflicto con la entidad pública por haberlos despedido.

El empresario, según fuentes próximas a Geursa, llegó a la sede de la Plaza del Obelisco visiblemente alterado porque considera que se ha visto perjudicado por unos rifirrafes internos de la sociedad municipal. Opina que personas que fueron apartadas de sus puestos de trabajo y mantienen pleitos judiciales contra la mercantil por esa causa ayudan a guiar las pesquisas. Considera que al tratar de dañar a la empresa y sus responsables le dañan a él. El nombre de Felipe Guerra ya aparecía en la denuncia que dio pie a la investigación en junio del año 2023, en la que los denunciantes sostenían que el Ayuntamiento había cedido suelo público a cambio de fincas de Tamaraceite Sur que no eran reales al estar afectadas por una doble inmatriculación. 

A última hora del miércoles también se levantó el secreto de sumario, por lo que las partes personadas hasta la fecha —la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y Anticorrupción, junto a los cinco investigados— tienen acceso a la querella y a los autos emitidos por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Rafael Passaro Cabrera. También ha anunciado que se personará en la causa el Partido Popular y valoran personarse la asociación vecinal Rehoyas Avanza, que interpuso la denuncia inicial, y el representante municipal de Vox. 

Móviles incautados

Esta semana la Guardia Civil ha registrado durante dos días consecutivos la sede de Geursa, la concejalía de Parques y Jardines y la Dirección General de Innovación Tecnológica del Ayuntamiento, además de realizar registros domiciliarios en Gran Canaria y Lanzarote. Los agentes indagaron en busca de documentos y archivos relacionados con la causa e incautaron teléfonos móviles de los investigados. 

Los registros se realizaron de forma simultánea por un operativo conjunto de la Guardia Civil, integrado por miembros del Seprona, el Órgano Central con la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA), el grupo de Delitos Tecnológicos y EDITE de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Las Palmas.

El magistrado investiga al exjefe del servicio de Urbanismo del Ayuntamiento, José Manuel Setién, el jefe técnico de las obras de la MetroGuagua, Carlos Cabrera, el empresario de una de las empresas supuestamente beneficiarias, Felipe Guerra, la gerente de Geursa, Marina Más, y el exjefe de Parques y Jardines, Miguel Padrón.

El magistrado levanta el secreto de sumario y da acceso a la querella a los cinco investigados

El magistrado titular les imputa presuntos delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, revelación de secretos y uso de información privilegiada. 

La trama presuntamente se dedicaba, según compartió la Fiscalía esta semana en un comunicado, a favorecer ilícitamente a determinados empresarios cuyos intereses económicos dependen, en gran medida, de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de técnicos y extécnicos de Geursa. 

Proyectos bajo sospecha

En concreto, los fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo y de Anticorrupción de Las Palmas aprecian indicios de adjudicaciones fraudulentas de encomiendas de obra, adjudicaciones de contrato y proyectos de implantación de grandes obras de la ciudad como la MetroGuagua. 

Los convenios de Tamaraceite Sur que denunciaba Rehoyas Avanza y que dieron pie a la investigación judicial van desde 2002 hasta 2021 y abarcan cinco mandatos distintos. Según la denuncia, el Ayuntamiento realizó permutas con suelo público a cambio de fincas inexistentes porque estaban doblemente inmatriculadas en el Registro de la Propiedad. La asociación vecinal argumentaba entonces que Urbanismo conocía desde 2012 que el suelo que intentaban conseguir con estas operaciones no existía por su situación registral y, pese a ello, continuaron promoviendo actuaciones y operaciones con las parcelas hasta 2021.

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