Una queja contra la reposición de Las Rehoyas destapa la presunta trama de corrupción

Un grupo de vecinos de Las Rehoyas buscaba cualquier indicio al que aferrarse para no tener que dejar sus casas por unas viviendas sociales cuando cayó en sus manos una caja de papeles con permutas y operaciones urbanísticas sospechosas entre la empresa pública Geursa y un empresario. Fue un residente del barrio, ya fallecido, el que les entregó los archivos después de una reunión y al analizarlos se dieron cuenta de que una finca de 50.000 metros cuadrados de Tamaraceite Sur sobre la que se realizaron intercambios con suelo público no existía porque estaba doblemente inmatriculada y carecía de referencia catastral. En ese momento decidieron denunciar los hechos ante la Fiscalía, dando pie a la operación Valka. 

El caso derivó en una presunta trama de corrupción urbanística que involucra a técnicos y extécnicos de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa), de la concejalía de Parques y Jardines y a un empresario. El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad grancanaria, Rafael Passaro Cabrera, investiga adjudicaciones y contratos bajo sospecha de grandes obras de la ciudad como la MetroGuagua, según informaron esta semana la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y de Anticorrupción en un comunicado.

"El Seprona ve ese denominador común que hay entre los terrenos, los empresarios y todas las pruebas que aportamos y es entonces cuando empieza el caso Valka, que no es más que que una gran piñata en la que nosotros le dimos el hilo del que ellos han tirado", explicó este viernes Juan Francisco Sarmiento, presidente de la asociación vecinal Rehoyas Avanza, durante una rueda de prensa para explicar los motivos de su denuncia.

Información prescrita

Los representantes vecinales aseguraron que en la caja de documentos que les llegó había "mucha más información que, por desgracia, no puede salir a la luz porque ya ha prescrito" y, por tanto, no se admite a trámite en el juzgado, aunque "son grandes empresas que han construido media Isla y que también están metidas en este caso, pero de momento se están salvando".

La asociación confirmó que se personará como acusación en el procedimiento. "En mi barrio algo huele mal, lo que veo es que en toda la ciudad cualquier cosa que tenga que ver con Urbanismo en el 90% de los casos huele mal y lo único que pretendemos es demostrar que están haciendo las cosas mal a criterio, beneficiando a un empresario y nos están perjudicando a una gran parte de los vecinos", afirmó Sarmiento.

"Queremos probar que beneficiaron a un empresario y perjudicaron a los vecinos"

Todo surge por el rechazo de unos implicados en el plan de reposición de Las Rehoyas y la intención de la denuncia era "saber si hay otros planes en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, incluido el nuestro, que escondan algo". Ese es el motivo, explican, de que decidieran llevar a los tribunales unas permutas supuestamente irregulares que tuvieron lugar entre 2002 y 2021 en Tamaraceite Sur, pese a que los denunciantes residían en otro barrio de la ciudad. 

Las críticas de este grupo vecinal a la reposición se deben a que se vieron incluidos en un plan que no pidieron y con unas condiciones que, según ellos, "no quedaron claras en ningún momento". Marcos Hurtado, secretario de la asociación, asegura que paga una hipoteca por una vivienda en perfectas condiciones y la opción que le dieron fue seguir pagando ese crédito por una vivienda de protección oficial que no puede vender ni alquilar y para la que tiene que esperar 30 años a que se libere de cargas y pueda ser 100% suya. 

Las pesquisas de la Fiscalía dieron con supuestas irregularidades en adjudicaciones

Siguen tratando de tumbar el plan de reposición de Las Rehoyas en los juzgados. La primera demanda que presentaron fue desestimada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria y está pendiente de la resolución de un recurso. En Primera Instancia, la magistrada dio la razón al Ayuntamiento y avaló la resolución del director general de Urbanismo, fechada el 15 de abril de 2020, por la que aprobaba la construcción de un edificio de 148 viviendas sociales. 

En esa primera demanda, los demandantes sostenían que la resolución municipal debía ser impugnada porque se dictó mientras estaba vigente la suspensión de los plazos administrativos debido a la declaración del estado de alarma por la crisis del Covid-19. Además, critican los vecinos, no pudieron manifestarse ni elevar sus protestas debido a la situación sanitaria excepcional.

Demandas contenciosas

Decidieron interponer una demanda paralela que está pendiente de sentencia por parte de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). En ella tratan de anular una vez más el Plan Parcial porque sostienen que el Ayuntamiento no dio cumplimiento al trámite de audiencia a todos aquellos propietarios incluidos en el sector a expropiar que no hubieran apoyado la iniciativa.

La demanda también plantea la impugnación indirecta del Plan General de Ordenación que clasifica y categoriza el terreno como suelo urbano no consolidado. Sostienen que en la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias se constata que la figura del plan parcial "no es la apropiada para acometer las operaciones de reforma o renovación urbana y edificatoria, sino que tal cometido corresponde al plan especial y a los programas de actuación sobre el medio urbano". En definitiva, alegan que la renovación de viviendas que pretende el Plan Parcial "se extralimita al pretender la demolición y reubicación de las viviendas privadas del sector como si de vivienda pública se tratase".

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