La Fiscalía duplica las pesquisas por delitos ambientales en la provincia de Las Palmas

La Fiscalía de Las Palmas duplicó en 2023 las diligencias para investigar posibles delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. En total fueron 27 las pesquisas incoadas por acciones contaminantes como provocar y realizar vertidos, emisiones o extracciones que provocan un daño crucial al entorno natural, esto es, un 52% más que el año anterior. Los datos de la memoria estatal del Ministerio Público sitúan a Las Palmas como la cuarta provincia española con más investigaciones por este tipo de infracciones, solo por detrás de Murcia, Madrid y Asturias. 

Las actuaciones ambientales delictivas suelen reflejarse, por lo general, en una pérdida de la calidad del aire, del suelo o del agua y en muchas ocasiones implican daños a la fauna y a la flora local. En función del daño ocasionado, las penas pueden ir desde los seis meses hasta los dos años de cárcel, si se trata de un delito leve, con multas de 10 a 14 meses e inhabilitaciones profesionales de hasta dos años. 

En caso de que las acciones impliquen un grave peligro para el entorno natural, se considera que es un delito agravado y se castiga con condenas de entre dos y cinco años de prisión, multas de ocho a 24 meses e inhabilitaciones de hasta tres años. Las condiciones que suelen llevar a este tipo de penas más restrictivas son que la actividad se realice de forma clandestina, se falseen documentos o información, se obstaculicen inspecciones o se produzca una extracción ilegal de agua en periodo de restricción.

Las Palmas es la cuarta provincia española con más diligencias por este tipo de infracciones

En el ejercicio de 2023 abundaron las pesquisas por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente en detrimento de loas acciones contra la ordenación del territorio. Estas últimas originaron la apertura de 17 diligencias preprocesales el año pasado, un 32% menos que el año anterior. Son las infracciones que cometen promotores inmobiliarios, constructores o técnicos al realizar obras y levantar edificios en lugares protegidos, que están destinados a otros usos rurales o agrarios, zonas verdes o espacios amparados por su valor histórico, paisajístico o cultural. Conlleva penas de uno a tres años, si se da el tipo básico, o de un año y seis meses a cuatro años si se dan las circunstancias agravantes.

Ataques a la fauna

La Fiscalía de Las Palmas también incoó seis diligencias por delitos de maltrato de animales domésticos y otros cuatro por ilícitos contra la fauna local en 2023. Esto implica, respectivamente, un 33% menos de investigaciones por maltrato animal que el año anterior y un 50% menos de casos contra la fauna.

 Los datos contrastan con otras provincias españolas como Málaga, que el año pasado incoó desde Fiscalía 29 diligencias por supuesto maltrato animal, o Valencia, con 26 diligencias abiertas por este tipo de ilícitos. Los delitos contra la fauna, por otra parte, castigan actuaciones como la pesca, caza o tráfico de especies protegidas, las acciones para impedir que migren o se reproduzcan y las dirigidas a perjudicar o destruir de forma grave su hábitat natural. En provincias como Madrid hay hasta 88 diligencias por este tipo de delitos. Las infracciones, en uno y otro caso, no superan los dos años de cárcel.

Las penas de prisión por ilícitos contra los recursos naturales pueden ir hasta los cinco años de cárcel

El único procedimiento que incoó la Fiscalía de Las Palmas por delitos contra la seguridad colectiva fue por un caso de incendio forestal, al igual que en 2022. Estos son los procedimientos que se inician cuando se queman bosques o entornos forestales y conlleva penas de uno a cinco años de prisión (tipo básico) o de tres a seis años de cárcel (agravado) y multas de hasta 24 meses. Si se trata de una acción que pone en riesgo la vida de una persona, las penas ascienden hasta 20 años de cárcel.

El Ministerio Público incoó 34 diligencias más por delitos relacionados con la ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente en Santa Cruz de Tenerife que en Las Palmas. En concreto, abrió 52 pesquisas por delitos vinculados con la ordenación del territorio, 18 contra los recursos naturales y el medioambiente y 18 más por cometer estos ilícitos de forma imprudente en las Islas occidentales.

Controlar las prácticas

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (Acpmn) es el organismo autónomo que se ocupa de inspeccionar la disciplina urbanística y medioambiental y ha abierto alrededor de 60.000 expedientes en sus 25 años de andadura. Un 76% de las infracciones que persigue están vinculadas a prácticas constructivas irregulares y a vertidos de residuos. 

Las sanciones monetarias, el aumento de la vigilancia y las inspecciones y las denuncias a la administración no han frenado las actuaciones irregulares en cuanto a la ocupación ilegal del territorio. Solo en el primer semestre de 2024 se abrieron 642 infracciones urbanísticas, lo que implica un 33% más que el año anterior durante el mismo periodo. Uno de los principales motivos fue la incidencia de la pandemia de la Covid-19 y el consiguiente traslado de muchas familias a zonas rurales, ocupando en ocasiones suelo agrario sin licencia para levantar edificaciones y viviendas. 

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