El Ayuntamiento de Las Palmas se persona en el 'caso Valka' y examina varios pagos realizados

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha anunciado este martes que se personará en el denominado 'caso Valka', que instruye la posible comisión de hasta siete delitos relacionados con la corrupción pública y el urbanismo en el seno de la institución, y que examinará los pagos efectuados a las empresas investigadas.

Tras una reunión con los portavoces municipales de los grupos presentes en el Ayuntamiento de la capital grancanaria, a la que no acudió el PP según la corporación municipal, la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias (PSOE), ha insistido en que, desde el primer momento, se ha prestado "la máxima colaboración con la Justicia".

Es por ello que, una vez se han ido conociendo detalles de la investigación en marcha, y que se encuentra bajo secreto de sumario, y previa consulta con la asesoría jurídica, el Consistorio ha decidido personarse en la causa.

La investigación por presunta corrupción urbanística parte de una denuncia por convenios en Tamaraceite Sur

Origen de la investigación

El denominado 'caso Valka', cuya investigación coordina el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, se instruye la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada.

Son cinco las personas investigadas hasta la fecha, cuatro de ellas funcionarias del Ayuntamiento capitalino -una ya jubilada- y un empresario.

Darias ha informado a los grupos municipales de que el departamento de Recursos Humanos "está analizando la situación del empleado público del Ayuntamiento" que está bajo investigación tras una querella presentada por la Fiscalía delegada de Medio Ambiente y Urbanismo y por Anticorrupción.

Verificación de pagos

También ha comunicado que la empresa pública Geursa, que se encuentra en el centro de la investigación judicial, ha iniciado el procedimiento de cumplimiento normativo de la propia entidad municipal establecido por la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Igualmente, el gobierno municipal de PSOE, Nueva Canarias y Podemos ha dispuesto la verificación de los pagos efectuados por el Ayuntamiento a las entidades Guerra Patrimonial FGG y Esvertical, que aparecen en la instrucción, al tiempo que el área de Contratación ha realizado averiguaciones de posibles subcontrataciones en relación a los contratos adjudicados.

"El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reitera su compromiso de actuar con responsabilidad, rigor y diligencia, de acuerdo con la legalidad vigente, respetando el principio de presunción de inocencia que corresponde al Estado de derecho en el que nos encontramos", concluye la nota municipal.