Caso Valka: cuatro claves para entender la presunta trama de corrupción

Una presunta trama de corrupción con técnicos y extécnicos de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa) y del área de Parques y Jardines estalló en pleno mes de agosto para alterar la calma en el Ayuntamiento. Un registro policial en las oficinas municipales fue la primera señal de alarma y fue cuestión de minutos hasta que la Fiscalía confirmó en un comunicado que el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital grancanaria indaga en ocho supuestos delitos relacionados con la corrupción y la prevaricación urbanística. El magistrado instructor, Rafael Passaro Cabrera, centra las pesquisas en cuatro líneas de investigación que abarcan dos décadas de aparentes irregularidades.

El caso parte de una denuncia de la asociación vecinal Rehoyas Avanza por permutas sospechosas de parcelas municipales a cambio de una finca de Tamaraceite Sur que no existía por estar sometida a una doble inmatriculación. La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo abrió diligencias preprocesales que arrojaron nuevos hechos en apariencia delictivos tanto en la empresa pública Geursa como en el área de Parques y Jardines, por lo que también se trasladó el caso al fiscal de Anticorrupción. Los cuatro investigados son el exjefe de Urbanismo, José Manuel Setién, el jefe técnico de las obras de la MetroGuagua, Carlos Cabrera, el empresario supuestamente beneficiario, Felipe Guerra, la gerente de Geursa, Marina Más, y el exjefe de Parques y Jardines, Miguel Padrón.

Según el comunicado de la Fiscalía, la presunta trama se "dedicaba a favorecer ilícitamente, con decisiones urbanísticas y administrativas contrarias al interés general, a determinados empresarios cuyos intereses económicos dependen, en buena medida, de decisiones administrativas que están bajo la influencia" de los cinco investigados. De la misma forma, apuntaron a que están revisando la adjudicación fraudulenta de encomiendas de obra, contratos y proyectos de implantación de grandes obras como la MetroGuagua.

Permutas en Tamaraceite Sur

El origen de la investigación se encuentra en supuestas irregularidades urbanísticas por permutar suelo municipal a cambio de una finca de Tamaraceite Sur que no existe porque está sometida a una doble inmatriculación. La denuncia que dio pie a las pesquisas hacía referencia a actuaciones aparentemente fraudulentas entre 2002 y 2021, aunque el documento detalla que es a partir de 2008 cuando realmente empezaron los presuntos delitos de prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos. 

Una de las líneas que maneja el juez consiste en determinar si el área de Urbanismo y la empresa pública Geursa hicieron intercambios por parcelas de una finca rústica de 50.000 metros cuadrados sin superficie real, según los denunciantes. Este terreno lo cedió en 2002 un particular a una ONG de la ciudad mediante una escritura de donación. Fue en 2006 cuando cayó en manos de Felipe Guerra y un segundo empresario ajeno al procedimiento, que adquirieron la finca mediante una escritura de permuta. 

El origen de las pesquisas está en supuestos cambios de suelo público por fincas que no existen

El terreno en cuestión formaba parte de la zona afectada por las expropiaciones del Plan Parcial de Tamaraceite Sur (UZR-94). En 2012, el Ayuntamiento negó a la ONG que permutó el terreno con Guerra la posibilidad de acogerse al proyecto expropiatorio por la situación registral de la finca. Sin embargo, según la denuncia inicial que dio pie a las pesquisas, la gerencia de Urbanismo y Geursa, pese a haber reconocido estas irregularidades, siguieron realizando negocios jurídicos con los terrenos hasta agosto de 2021. 

El juez investiga si el Ayuntamiento cedió suelo público por parcelas falsas

Rehoyas Avanza relató en su denuncia que Guerra Patrimonial FGG hizo una permuta con una parcela derivada del terreno inexistente a cambio del 82% de la superficie de un terreno municipal. Más adelante, Guerra volvió a intercambiar con Geursa el 82% del terreno anteriormente municipal y el Ayuntamiento firmó una compraventa con la empresa pública para recuperarlo. En ese espacio, según el documento, el Consistorio construyó un edificio que había empezado a edificarse cuando el 82% de la propiedad seguía siendo propiedad de Guerra. 

Los denunciantes explican ese "galimatías de transmisiones" como un intento de ocultar que ya en aquel momento eran conocedores de que los 3.376 metros cuadrados del terreno que habían adquirido se habían segregado de una finca sin superficie física real. La asociación vecinal reflejó entonces que José Manuel Setién seguía un "patrón por el que buscaba lugares estratégicos donde localizar los emplazamientos de suelos que cede a sus acólitos". 

Cinco adjudicaciones de obras

Una parte de la investigación se centra en investigar supuestas irregularidades en la ejecución de contratos de obra y encomiendas por parte de Geursa. Lo que se investiga concretamente es si la empresa pública dio un trato de favor a empresarios de las Islas para la ejecución de los proyectos.

Entre las adjudicaciones sospechosas se encuentra el contrato de mejora de accesibilidad en El Confital y Las Canteras. Esta obra fue adjudicada en diciembre de 2022 por un importe de 1.346.3089 euros y un plazo de ejecución de siete meses. En marzo de 2023, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de la capital grancanaria llegó a ordenar la paralización provisional de las obras por la denuncia que presentó el colectivo Alternativa Maga Nacionalista (Amaga), que cuestionaba la legalidad de los trabajos de desmonte de la ladera porque consideraba que se hallaba en suelo rústico de protección costera y no se sometió el proyecto a información pública. La Justicia terminó fallando a favor del Ayuntamiento y autorizó que continuara con los trabajos. Las obras consistieron en la reposición de los muros en los que se apoya el camino de entrada, el acondicionamiento del firme de la pista de acceso para vehículos, la canalización de pluviales del talud, la mejora del camino peatonal de bajada a la playa y su conexión con la plaza de Pepe el Limpiabotas. También incluían un refuerzo de taludes para evitar desprendimientos y dotar a la zona de mayor seguridad.

El juez también revisa el contrato para la conexión peatonal de La Galera con el intercambiador de Tamaraceite de agosto de 2016. La obra consistía en crear un paso peatonal ajardinado para conectar ambos puntos y contaba con un presupuesto de 107.200 euros financiado por el Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo de Gran Canaria. Con un plazo de ejecución de tres meses, incluía la instalación de una red de riego para los árboles plantados y una red de alumbrado. 

La investigación se adentra en cinco obras del Confital, La Galera, El Lasso y Divina Pastora

El tercer proyecto objeto de pesquisas es un contrato para la repavimentación de El Lasso que fue adjudicado en 2016 por un importe de 132.355 euros. 

La investigación se centra de la misma forma en un proyecto para mejorar la accesibilidad en la urbanización Divina Pastora y en la conexión con la carretera de Mata. El objeto del contrato, adjudicado en 2016 por 207.535 euros, es el asfaltado de una parte de la calzada lateral del norte, incluyendo las calles de acceso a las viviendas, zonas de carga y descarga y aparcamientos. El proyecto también incluía un ensanche de las aceras estrechando el carril de circulación y la ejecución de demoliciones de parte de las zonas ajardinadas para convertirlas en aceras que cumplieran con la normativa vigente. 

Entre las adjudicaciones de la empresa pública se encuentra además una obra para mejorar la accesibilidad en El Lasso. El proyecto fue adjudicado en 2017 por un importe de 202.266 euros e iba dirigido a mejorar la accesibilidad tanto en las aceras como en el tráfico rodado. 

Acceso remoto del exjefe de Urbanismo a Geursa

Otro de los aspectos que examina el instructor consiste en determinar si se instaló un segundo ordenador en el despacho de la gerente de Geursa, Marina Mas, para aceptar que se conectara de forma remota desde el exterior de la oficina el exjefe de Urbanismo, José Manuel Setién. La Guardia Civil reflejó en un atestado que, mediante el servicio de la Red Privada Virtual (VPN) de Geursa, el excargo municipal podría tener acceso a todas las carpetas de los servidores de datos municipales y al portal de Urbanismo.  

El magistrado ordenó dos registros la semana pasada en la sede de Geursa y en las oficinas municipales del Ayuntamiento. El último tuvo lugar el pasado martes, 20 de agosto, cuando dos agentes de la Guardia Civil acudieron a la Dirección General de Innovación Tecnológica, en el edificio de las oficinas municipales, con el fin de recabar documentos y archivos digitales que pudieran arrojar nuevos datos sobre la presunta trama de corrupción urbanística. 

En este sentido, los agentes decidieron incautar los teléfonos móviles de los cinco investigados. Los primeros registros se ampliaron, además, a domicilios de Gran Canaria y Lanzarote vinculados a los cargos y excargos de la empresa pública y del Ayuntamiento. Estas pesquisas se realizaron por un operativo conjunto de la Guardia Civil integrado por miembros del Seprona, el Órgano Central con la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA), el grupo de Delitos Telemáticos y EDITE de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Las Palmas.

Contratos irregulares en Parques y Jardines

La última de las claves del caso se centra en adjudicaciones supuestamente arbitrarias de contratos a Felipe Guerra entre 2018 y 2021 por parte de la unidad técnica de Parques y Jardines. Lo que se investiga, concretamente, son los encargos del área durante toda la etapa en la que Miguel Padrón ejercía de forma oficial como jefe técnico del departamento. 

El responsables del área y el empresario fueron socios en una empresa del sector de la jardinería (Esvertical) que estuvo operativa desde 2014 hasta 2021, la mitad del tiempo con Padrón como jefe técnico de Parques en el Ayuntamiento. Según explicó la concejala de Urbanismo en 2018, ya llevaba desde 2005 ejerciendo las mismas funciones en la práctica. La diferencia con su nombramiento oficial es que pasó del nivel 26 al 28, su sueldo ascendió a 5.000 euros y pasó a firmar en documentos oficiales como jefe técnico del servicio. 

El grupo municipal de Ciudadanos e Intersindical Canaria criticaron en ese momento la decisión de que asumiera el cargo porque sostenían que carecía de la formación necesaria. Cuestionaron en ese momento que el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración de Las Palmas de Gran Canaria (Roga) establece como requisitos ser funcionario de carrera y tener el nivel A1, que según la oposición eran dos condiciones que no se cumplían en este caso. 

Los agentes revisan si Setién seguía teniendo acceso a las carpetas de los servidores locales

La entonces edil del área, Inmaculada Medina, defendió que era una decisión legal y que "no se trata de un nombramiento, sino de una encomienda de funciones mientras se cubre la plaza de jefe de servicio", afirmando que en el Ayuntamiento "hay unos cuantos casos parecidos". 

Mientras que Esvertical se dedicaba a la proyección, diseño y construcción de jardines, en su mayor parte verticales, Padrón ejercía la jefatura técnica de un departamento que se encargaba del mantenimiento de parques y jardines y del consumo de agua para riego y limpieza en la ciudad. Los agentes de la Guardia Civil tuvieron acceso a través de fuentes abiertas, según reflejaron en atestados, a contratos y licitaciones adjudicados a Guerra que estaban relacionados con los servicios de riego en el ámbito de actuación de Esvertical. 

La unión empresarial de Padrón y Guerra levanta sospechas sobre encargos para crear zonas verdes

De la misma forma, el juez revisa si hubo subcontratos con la empresa de Guerra y Padrón a través de adjudicaciones a terceras entidades. En concreto, los investigadores se centran en contratos menores por debajo de los 50.000 euros y en una adjudicación de 117.520 euros para la renaturalización y acondicionamiento del espacio libre en la calle Hermanos Domínguez Santana, junto al centro comercial Los Alisios, para crear una senda peatonal.

Hechos que quedan fuera de las pesquisas

Durante la fase preprocesal y en las pesquisas de la Guardia Civil, los fiscales dejaron una serie de hechos fuera del procedimiento porque, aun en el caso de que pudieran revestir responsabilidad penal, se encontrarían prescritos. En concreto, se refieren a una modificación del Plan General de Ordenación (PGO) en el sector del Plan Parcial de Tamaraceite Sur, que era uno de los hechos que pedían los denunciantes que se investigaran. Esto se refiere a situaciones que habrían tenido lugar en 2012 y 2013, es decir, hace más de 11 años, mientras que la ley contempla un plazo de prescripción de 10 años para los supuestos delitos que se señalaban. 

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