Las claves del juicio contra 15 ejecutivos por el fraude millonario a Emalsa

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzga a partir de este martes, uno de octubre, a los 15 ejecutivos acusados del fraude millonario a Emalsa. La Fiscalía de Asuntos Económicos reclama penas de hasta seis años de cárcel por un presunto delito continuado de apropiación indebida o, alternativamente, de administración desleal. De la misma forma, exige una indemnización de más de 23 millones para reparar el perjuicio económico causado a la empresa mixta de agua por supuestos contratos y adjudicaciones irregulares suscritos con las empresas de los socios privados de la entidad entre 2008 y 2013.

¿Quiénes tomaban las decisiones en Emalsa? El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria gestiona el ciclo del agua de la ciudad a través de Emalsa, que desde 1993 cuenta con acciones del sector público y privado. Al menos en el periodo comprendido entre 2008 y 2012, el Ayuntamiento ostentaba el 34% de las acciones, Saur Internacional el 33% y Valoriza Agua el 33% restante.

¿Por qué normativa se rigen los contratos? Emalsa se rige por la normativa de procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales para contratos superiores a 400.000 euros. Además, tiene sus requisitos de contratación con terceros y un Comité de Gerencia creado en 2008 e integrado por dos representantes de Valoriza y dos de Saur. Exigía en caso de adjudicaciones a los socios privados o empresas vinculadas la aprobación por otro socio y era obligatorio un libro de actas de las reuniones. Era necesario justificar la obra o servicio, valorar la rentabilidad, comparar ofertas y formas de ejecución de pago.

La fiscal sostiene que los socios privados promovieron adjudicaciones a sus empresas entre 2008 y 2013

¿Cómo empiezan las supuestas irregularidades? La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que Sercanarias —entidad constituida por los socios privados de Emalsa, Saur Internacional y Valoriza— resultó adjudicataria a partir de 2008 de una serie de contratos "prescindiendo absolutamente de la normativa aplicable, valiéndose para ello de la posición mayoritaria que ostentaban los socios privados de Emalsa en el Consejo de Administración de la entidad, ocasionando a Emalsa un perjuicio económico". 

¿Cuáles son las adjudicaciones bajo sospecha? La Fiscalía pone en el punto de mira los contratos de mantenimiento de la red de alcantarillado (2008), transporte de Lodos (2008), fontanería y renovación del saneamiento en Las Palmas y Santa Brígida (2009), cortes y reposiciones (2009), renovación del saneamiento en Néstor de la Torre (2010), mantenimiento de jardines (2010), mantenimiento del área de depuración (2010), reparación del depósito de agua Los Romeros (2010), acondicionamiento del edificio LPI Laboratorio (2010), mantenimiento electromecánico del área de saneamiento (2011), cambio de contadores (2011), inventariado de datos de acometida de agua potable (2011), obras en EBAR de El Sebadal (2011), limpieza mecánica del colector Ovoide (2012), reparación e impermeabilización del Gran Depósito (2012), estructura de Soporte Bastidor Ósmosis Inversa (2011), arrendamiento de oficinas sita en el Centro Comercial Las Ramblas (2008) y otras obras sin contrato de referencia. A esto se suman, según la Fiscalía, las prestaciones accesorias a los socios privados.

Contratos no detallados

¿De qué forma actuaban? La Fiscalía mantiene en su escrito de acusación que "los contratos concertados entre Sercanarias y Emalsa adolecen de propósito de las personas que los concertaron y de la necesaria concreción y detalle sobre el alcance de los servicios a que se compromete la primera". El escrito añade que, debido a esta situación, "resulta difícil conocer las obligaciones del contratista, con el consiguiente perjuicio para Emalsa a la hora de exigir el exacto cumplimiento de lo contratado". Considera que son comunes en estas adjudicaciones la falta de Pliego de Especificaciones Técnicas, que debieron publicarse para recibir ofertas de terceras entidades interesadas, o en aquellos supuestos en que se publicaron, su contenido no coincidía con el objeto del contrato finalmente concertado con Sercanarias.

¿Quiénes se sientan al banquillo? Pablo M. H. (Valoriza), Laura R. P. (Valoriza), Gerard F. T. (Saur), José Luis D. T. (Saur); José Manuel C. (Saur), Guy Christian F. (Saur), Oliver B. (Saur), Pierre Jose C. P. (Saur), Alfonso Ignacio L. D. D. (Sercanarias); Pedro José H. D. (Satocan); José Julio A. M. (Satocan); Juan Miguel S. J. (Satocan); Jesús B. G. (Sercanarias/Valoriza), José Luis P. T. (Valoriza) y Rafael González B. L. (Sercanarias por Saur).

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