Setién y Padrón se acogen a su derecho a no declarar como investigados por el 'caso Valka'

Los dos primeros técnicos de Las Palmas de Gran Canaria citados por la presunta trama de corrupción del caso Valka se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez. Se trata del exresponsable de Urbanismo, José Manuel Setién, y del exjefe de Parques y Jardines y ahora al frente de Sector Primario, Miguel Ángel Padrón, que acudieron al Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria y decidieron guardar silencio. La jornada estuvo protagonizada por una manifestación a las puertas de los juzgados de la asociación Pacto Vecinal en apoyo a los denunciantes Rehoyas Avanza, en la que anunciaron que a partir de la semana que viene van a hacer un escrache en todos los actos públicos en los que participe la alcaldesa, Carolina Darias.

Quien durante décadas representase el poder absoluto del urbanismo en la ciudad llegó a los juzgados poco antes de las 11 de la mañana de este viernes, entre pitidos y reclamaciones de los representantes vecinales que lo identificaron. Pese a los insultos, las exclamaciones de "sinvergüenza" y las exigencias de que devolviera el título de Hijo Adoptivo, el extécnico municipal no pronunció palabra. El magistrado instructor, Rafael Passaro Cabrera, investiga si se conectó desde su ordenador personal a archivos y documentos urbanísticos cuando ya estaba jubilado mediante las credenciales de la gerente de Geursa, Marina Más.

Geursa aborda la citación a la empresa como investigada en el ‘caso Valka’

La entrada de Padrón fue más discreta, ya que los manifestantes no lo vieron llegar. Las Fiscalías de Anticorrupción, Medio Ambiente y Urbanismo indagan en si, durante su etapa como jefe técnico de Parques y Jardines, hubo un trato de favor con adjudicaciones arbitrarias de contratos hacia el empresario Felipe Guerra, con el que fue socio en una empresa del sector de la jardinería denominada Esvertical.

Manifestación del Pacto Vecinal

El motivo de la concentración, según explicó el presidente del Pacto Vecinal, José Antonio Marín, es apoyar las reclamaciones de Rehoyas Avanza sobre las permutas presuntamente irregulares de suelo público en Tamaraceite Sur a cambio de parcelas inexistentes por estar sometidas a una doble inmatriculación. La denuncia del colectivo vecinal es la que dio pie a las pesquisas de la Fiscalía en mayo de 2023, durante las que aparecieron nuevos hechos en apariencia delictivos que son los que se investigan en estos momentos.

Exigencias de los manifestantes

Marín cree que "con todas las barbaridades que se han hecho por la mediación de Geursa, la alcaldesa ya debería marcharse". El grupo, que concentra a unos 70 colectivos vecinales, anuncia que el escarche a Darias empezará la próxima semana y se ampliará a "todas las problemáticas que hay en esta ciudad y no solamente el caso Valka". Entre los temas que critican se encuentra la Metroguagua y los problemas en La Isleta y El Confital. "A todos los sitios a los que vaya la alcaldesa iremos nosotros a ver si nos escucha porque es imposible organizar una visita", añadió.

Un empresario pretende personarse en la causa por la expropiación de su desguace

"Nosotros estamos aquí porque, ya que Setién está investigado, creemos una necesidad imperiosa que paren los planes y por lo menos auditen los que están firmados por este señor, entre ellos el plan de reposición de Las Rehoyas", aseguró Marcos Hurtado, secretario de Rehoyas Avanza. La asociación vecinal también se sumará al escrache y anuncia que estará manifestándose en el pleno de este mes. Tienen intención de personarse, a su vez, en el procedimiento judicial como afectados.

Manifestación del Pacto Vecinal

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Otro empresario que pretende sumarse a la causa como parte afectada es José López Santana, que denuncia que le expropiaron un desguace de vehículos de Tamaraceite para construir viviendas sociales, pero en su lugar erigieron un establecimiento comercial. "Desde el ocho de abril de 2014 mantengo una lucha fratricida con el Ayuntamiento", aseguró el manifestante, que acudió con un atuendo con el que denunciaba la expropiación de su nave y el entierro de 17.000 piezas de repuestos. El supuesto afectado ejercía la actividad comercial desde 1983, pagó 300.000 euros por la propiedad en 2007 y denuncia que en 2013 le ingresaron 157.000 euros por el terreno, 143.000 menos que lo que él pagó.