El fiscal mantiene que "no hay ninguna duda" del fraude millonario por ventas de gasolina en Canarias

El fiscal Tomás Fernández ha asegurado este miércoles durante su informe final que "no hay ningún tipo de duda" de que una empresa domiciliada en Teguise (Lanzarote) importaba gasolina desde Portugal y después lo declaraba como fuelóleo, provocando así un fraude de 2,8 millones de euros a la Hacienda Pública. Por tanto, el Ministerio Público ha mantenido en la última sesión del juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas su petición de 16 años de cárcel y nueve millones de euros de multa para el administrador único, José Luis R. R., con una indemnización conjunta y solidaria junto a la entidad Petroamaro de 2.871.227 euros.

La Agencia Tributaria exige una pena en los mismos términos y sostiene que "es claro" que la importación de combustible que realizaba entre 2017 y 2020 era de gasóleo. Para la administración fiscal, 400, 200 o 300 diferencias entre los informes de exportación emitidos de Portugal -que clasificaban el producto como gasóleo- y los informes de importación en Canarias -donde se liquidaba como fuelóleo- "no son errores, sino que es una práctica fraudulenta". El letrado sostiene que un ejemplo de esto es que el acusado pagaba el Arbitrio sobre las Importaciones y Entrega de Mercancías en Canarias (AIEM) como gasolina para no levantar sospechas, pero después no lo declaraba así.

Los peritos apuntan a un fraude de 2,8 millones por ventas de gasolina en Canarias

La defensa, en cambio, reclama la libre absolución del encausado y de su empresa porque entiende que, a pesar de moverse en un territorio "confuso y de inseguridad jurídica total, siempre se han hecho las cosas bien". El letrado reconoce que "evidentemente ha habido una mala práctica en lo que se refiere a la trazabilidad, es decir, en dejar en manos de un tercero el poder cumplimentar un documento que debiese haberse rellenado de otra manera".

Incongruencias internas

Admite que "no se han hecho las cosas bien" y se estaban firmando unos informes de exportación e importación con incorrecciones internas entre el número que se ponía y la descripción del producto, pero insiste en que "lo que se tributó en cada momento se corresponde con el producto que finalmente llegó".

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Por su parte, el acusado hizo uso de su derecho a la última palabra para explicar que él se regía, aconsejado por su asesor, por la norma comunitaria europea, que primaba la curva de destilación para diferenciar entre un gasóleo y un fuelóleo. "Si Petrogal me mandaba las analíticas y yo pagaba por eso, ¿dónde está mi error como empresario?", incidió.