Geursa cesa a su gerente en medio de la investigación por el 'caso Valka'

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido cesar a la gerente de Geursa, Marina Más, y ha convocado una reunión de carácter urgente para este viernes con el consejo de administración de la empresa municipal, en la que tomarán una decisión. El grupo de Gobierno ha elevado a la orden del día la revocación de los poderes conferidos a la gerente y la escisión de su relación laboral con la entidad, una decisión que coincide en el tiempo con su condición de investigada por la presunta trama de corrupción urbanística conocida como caso Valka.

El presidente del consejo y concejal de Urbanismo de la ciudad, Mauricio Roque, firma los cuatro puntos que se debatirán este viernes, que son el cese de Más y de su relación laboral con la empresa, la revocación de los poderes que le fueron conferidos y dos fases más para ruegos y preguntas y para aprobar el acta del consejo. El Ayuntamiento no ha dado a conocer los motivos de esta decisión ni si está relacionada con las pesquisas judiciales, a la espera de la decisión que adopte la junta.

Una de las líneas de la investigación que sigue el Juzgado de Instrucción número 2 de la capital grancanaria se centra en determinar si una de las principales figuras de la gestión urbanística de la ciudad durante años, José Manuel Setién, utilizó las credenciales de Más para acceder desde su ordenador personal a archivos y documentos urbanísticos de Geursa, pese a que en ese momento ya se encontraba jubilado.

Silencio ante el juez

Más acudió el pasado 23 de octubre a la Ciudad de la Justicia para declarar como investigada junto al coordinador de la oficina técnica, Carlos Cabrera. Sin embargo, al igual que el resto de cargos imputados por la supuesta trama, decidió guardar silencio a la espera de conocer todos los archivos del procedimiento y de concretar qué delitos en concreto se les imputa a cada uno.

El magistrado instructor, Rafael Passaro Cabrera, también investiga a la propia empresa municipal como persona jurídica, ya que el fiscal de Anticorrupción, Javier Rodenas, le atribuye presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.