Cristóbal Molina Navarrete: "Los tribunales de cada comunidad autónoma interpretan como quieren la norma laboral"

¿El trabajador está lo suficientemente protegido por la ley española frente a un despido improcedente?

Evidentemente no. No solo porque nos lo haya dicho el Comité Europeo de Derechos Sociales, que es vinculante y exige una corrección, sino, como he tratado de probar con datos y no solo con palabras en mi ponencia, queda clarísimo que hay muchas diferencias en nuestro país y, aunque la media de indemnización en España es de 8.000 euros, esa es la media. Hay personas que tienen indemnizaciones de 80.000, 90.000 o 100.000 euros, y personas que tienen una indemnización de 200 o 300 euros. La mayor parte son de ese tipo de indemnización y, por tanto, la media en nuestro país es de 8.000 euros, pero los trabajadores y trabajadoras con menor antigüedad, con trabajo a tiempo parcial o con trabajos temporales apenas llegan a los 1.200. Si vamos a los datos, están infra protegidos.

¿Cuáles son los grupos o colectivos que más lo sufren?

Hay tres criterios. Por una parte, hay sectores de actividad donde se despide más, como por ejemplo en el sector servicios, donde en la hostelería hay un 6% de despidos más de lo que representan proporcionalmente. Luego, por razón de sexo cobran menos las mujeres. ¿Por ser mujeres? No, porque suelen tener más contratos a tiempo parcial y mayor temporalidad. Y luego los jóvenes. ¿Por ser jóvenes? No, es porque tienen más contratos a tiempo parcial y más temporalidad. Como vemos, esto hace que los menos protegidos laboralmente también lo estén a efectos del despido y por eso la mayor parte de los despidos se concentran en ellos. Como nos dice el Comité Europeo de Derechos Sociales, el modelo español tiene incentivos para despedir, y añade que un sistema no debe tener incentivos para echar a los más vulnerables, sino que debería tener obstáculos. 

"Las empresas todavía cuando tienen problemas o cuando quieren hacer ajustes piensan en el despido"

¿Qué canales tienen a su disposición para reclamar?

La demanda, saturar más la jurisdicción social. Lo que está ocurriendo es que, como el despido es muy barato en España, el 55%, es decir, más de la mitad de los despidos, se concilian. Para no perder tiempo y dinero en un juicio, el empresario ofrece un poquito más de lo que le correspondería al trabajador. Ahora te dicen que esto va a multiplicar los pleitos y que en una jurisdicción social que ya está saturada esto va a ser un infierno. ¿No puede ocurrir lo contrario? Si el empresario sabe que con la demanda, como he puesto algunos ejemplos de sentencias, la indemnización va a pasar de ser de 197, 400, 1.500 o, el que más cobraba, 3.000 euros, y se monta en 12.000 euros, 30.000 o 47.000 euros. Si tú sabes que esto es tan barato, yo te despido, te pongo lo que vale y listo. Si no lo sabes, te lo vas a pensar. No significa que no puedas despedir, cuidado. Es que te despedirá cuando tengas una causa, es decir, cuando tú estés seguro de que ese trabajador no te es rentable o que ha terminado por su tiempo. En España se hacen prácticamente un millón de despidos y casi un millón de extinciones en periodo de prueba. Casi dos millones de extinciones antes de tiempo. Eso es mucha tela, es decir, somos una anomalía en ese sistema. En nuestro país los empresarios o las empresas todavía cuando tienen problemas o cuando quieren hacer ajustes piensan en el despido, pero se supone que el despido es la última ratio.

El Banco Central Europeo señala en sus encuestas que el temor al despido en España supera en más de cuatro puntos la media de la Unión Europea. 

Es por eso, porque nuestro sistema tiene incentivos. Los humanos tenemos resistencia al cambio. Cuando algo es diferente te empieza a poner nervioso porque te obliga a revisar conceptos. Esto le pasa a los juristas, a los profesionales del derecho, graduados sociales, abogados, catedráticos y profesores de universidad, pero le pasa también a las empresas. En España ha habido una tradición de recurrir al ajuste de empleo cuando hay problemas. Mira ahora, lamentablemente, con el tema de Valencia y la Dana. El temor es a que se puedan producir despidos masivos y de ahí que se quieran aprobar los ertes otra vez. ¿Por qué cada vez que hay una emergencia y un problema, el miedo es a despedir? Porque tenemos esa cultura, que es muy difícil de erradicar. La regulación de nuestro país ya está abierta en canal por el Comité Europeo de Derechos Sociales, por los Tribunales Superiores de Justicia, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Cuándo vamos a hacer una norma laboral a la altura? No hacer nada no es buena solución porque la vida sigue. Mañana un trabajador va a ir a un tribunal y, ¿qué se va a encontrar? Pues que cada juez hace de su capa un sayo. Con lo cual, no es que tengas uno, es que tienes 17 decisiones, una por cada autonomía. Te dicen que la norma laboral es estatal, pero cada jurisdicción, cada comunidad, tiene su sala y lo interpreta como quiere. Eso sí que genera inseguridad jurídica, falta de previsión y a lo mejor lo que llaman el riesgo regulatorio, que empresas se piensen el invertir.

"Con Valencia y la Dana, el temor es a que se puedan producir despidos masivos"

¿Una posible solución sería una reforma legislativa para subir las cuantías del despido?

No nos queda otra porque el Comité Europeo de Derechos Sociales nos ha dicho que lo que tenemos no es eficaz, no es adecuado. Por tanto, debe ser esa reforma legislativa, pero bien pensada, por favor. Que no hagan una reforma como ha ocurrido con el tema de la extinción después de ejercer los derechos de adaptación o de conciliación de la vida personal y familiar, en la que ni el propio legislador sabe qué ha reformado. Pido un poco de seriedad, que esto se pase primero, se haga un proyecto, un borrador por personas expertas y luego se pase al diálogo social y ahí planteen. Vamos a exigirle al legislador que haga leyes de calidad porque la ley es una seguridad, es una garantía. Primero, de coherencia del sistema, de certeza y de igualdad. ¿Por qué en el País Vasco pueden cobrar 30.000 euros y en Las Palmas o en Andalucía te vas a quedar con los 493 euros que tenías? Porque cada Sala tiene su criterio, pero no en la legislación nacional. El cambio genera ese miedo, esa resistencia, pero la incertidumbre la genera el que no haya una pauta adecuada para canalizar el cambio. Ese es el problema.

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