A juicio una trama inmobiliaria acusada de intentar apropiarse de 12 viviendas en Gran Canaria

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzga a partir de este miércoles a ocho miembros de una presunta trama inmobiliaria acusada de falsificar documentos, engañar a jueces y fingir compraventas para intentar apropiarse de 12 viviendas situadas en Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana y Telde. La Fiscalía sostiene que el supuesto cabecilla, para el que pide una pena de ocho años y nueve meses de cárcel, desarrolló entre 2005 y 2011 un plan asentado en las particularidades del sistema de registro de la propiedad y de la fe pública para obtener un beneficio patrimonial ilícito, valiéndose de la necesaria colaboración del resto de encausados.

Al supuesto líder, identificado con las iniciales S. P. B., le fueron incautados 17.400 euros que procedían en apariencia de las actividades ilíticas y el Ministerio Público reclama que indemnice a los respectivos propietarios o herederos de las viviendas afectadas por al menos 383.500 euros, además de otras cuantías a determinar en una posible ejecución de sentencia. Está acusado de un delito continuado de falsedad en documento público con un delito continuado de estafa, además de otras falsedades en documento oficial y documento privado.

Para el resto de los encausados, la Fiscalía exige penas que van desde tres años y medio de cárcel hasta cinco años y nueve meses, en función del grado de participación. De la misma forma, reclama que se anule la inscripción registral de una de las fincas a favor de un acusado y que se suspendan las inscripciones eventuales de otras propiedades que pudieran producirse a raíz de las operaciones de compraventa de otras 10 viviendas.

¿Cómo operaban?

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, la primera transacción se produjo el 22 de noviembre de 2005, cuando el presunto cabecilla vendió a uno de los acusados una vivienda en la calle Inés Chemida de la capital grancanaria en la que figuraba como titular registral otra persona. Sin embargo, S. P. B. presuntamente presentó un contrato de compraventa suscrito en marzo de ese año con quien le habría adquirido la propiedad a la titular registral, fallecida hacía tiempo y cuya herencia se encontraba en situación de indiviso. La Fiscalía mantiene que dicho documento privado "no respondía a acto jurídico real alguno".

La vivienda accedió al registro de la propiedad en virtud de una sentencia dictada en noviembre de 2007 por el Juzgado de Primera Instancia número 7, en la que era demandante el acusado M. A. C. H. y demandados S. P. B. y una tercera persona en situación de rebeldía. La Fiscalía cree que ambos colaboraron para engañar al juez que dictó la sentencia. Por tanto, el inmueble pertenece a día de hoy, desde el punto de vista del registro de la propiedad, al acusado M. A. C. H.

El escrito acusatorio describe otras 11 operaciones similares en propiedades y fincas familiares de tres municipios de Gran Canaria. En la mayoría de los casos, los encausados presuntamente se aprovecharon de que los inmuebles estaban en trámite para la declaración de herederos.