El juez da carpetazo a la causa contra el senador Pedro San Ginés por la contratación del abogado Calatayud

El Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife ha dado carpetazo a la causa que investigaba al senador de Coalición Canaria (CC) Pedro San Ginés y a siete personas más por la supuesta contratación irregular del abogado Ignacio Calatayud en Inalsa y en el Consorcio de Agua de Lanzarote. El magistrado titular, Ricardo Fiestras Gil, ha archivado el procedimiento atendiendo a un auto del Tribunal Supremo que rechazaba asumir la competencia "al no desprenderse indicios suficientes de criminalidad contra la persona aforada (San Ginés)". El Alto Tribunal acordó en abril devolver las diligencias al juzgado de Lanzarote "a fin de agotar la investigación".

A la vista de dicho pronunciamiento y atendiendo a los escritos de las defensas de los investigados, el Ministerio Fiscal no se opuso a las peticiones de sobreseimiento. En cambio, el PSOE solicitó personarse en mayo como acción popular, una diligencia que está tramitándose por separado. Cuando se hizo pública la decisión del Supremo, el partido socialista acusó al presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, de "haber puesto en marcha una estrategia fraudulenta para conseguir que el Tribunal Supremo archivara las actuaciones interpuestas por Inalsa y el Consorcio contra Pedro San Ginés e Ignacio Calatayud".

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El magistrado, en un auto notificado ayer, acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones porque "de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa". La resolución del Alto Tribunal ya implicó, desde un primer momento, el cierre de la causa contra San Ginés. 

Cierre de la causa contra Calatayud

Del análisis de las actuaciones, el juez concluye que "tampoco se aprecian indicios de responsabilidad criminal frente al otro investigado principal, el abogado Ignacio Calatayud y su empresa". El auto señala que, de la supuesta contratación ilegal, "nunca podría tener mayor responsabilidad penal que el propio contratante", que no continúa investigado. En cuanto a la presunta apropiación indebida, el fallo indica que el presupuesto de honorarios fue supervisado y aceptado por la Administración Concursal. 

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De la misma forma, el magistrado no ve indicios de delitos por parte de la exmujer de Calatayud, Juana Fernández, que estaba siendo investigada por ser cotitular de cuentas bancarias, por la liquidación de régimen matrimonial y por su participación en la suscripción de un contrato de venta inmobiliaria. También descarta ilícitos por parte de la entidad Adelfas 24 ni por su propietario Felipe Fernández en la venta de una vivienda a San Ginés a un precio supuestamente inferior al de mercado. El juez acuerda, a su vez, cerrar la causa contra los administradores concursales porque su actuación "ha sido supervisada de forma efectiva por el Juzgado de lo Mercantil correspondiente, sin que se haya acreditado ninguna irregularidad".

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