El juez rechaza el ingreso en prisión del único investigado por el crimen del matrimonio de Guanarteme

El Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado adoptar nuevas medidas cautelares contra el único investigado por la muerte del matrimonio de Guanarteme, Rogelio S. T., porque considera que no hay motivos suficientes para acordar la entrada en prisión provisional y se ha remitido al auto de sobreseimiento que fue anulado en apelación por la Audiencia Provincial de Las Palmas. La familia de las víctimas anuncia que recurrirá esta decisión y estudia pedir la recusación del instructor de la causa para que pase a ser asumida por otro juzgado.

El magistrado Francisco García-Sotoca considera que las diligencias practicadas hasta el momento "no han arrojado elemento alguno distinto" a los que tuvo en cuenta inicialmente para dictar el sobreseimiento de la causa. En el auto emitido este jueves acuerda mantener la obligación de firmar todos los lunes en el juzgado, como pedían la Fiscalía y la defensa, después de escuchar la cuarta declaración que prestó el dueño de la sucursal bancaria en la que el matrimonio tenía sus cuentas.

La Audiencia Provincial de Las Palmas reabre la investigación por la desaparición del matrimonio de Guanarteme

Sin embargo, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial dio la razón a la familia meses atrás al determinar que "los datos objetivos valorados denotan la existencia de indicios racionales de criminalidad contra el investigado y no de un único indicio ni de meras sospechas" e instó al juez a practicar nuevas diligencias dirigidas al esclarecimiento de la causa. En este sentido, se realizó este jueves una prueba pericial caligráfica para determinar si fue él quien firmó la retirada de 78.400 euros de la cuenta de la pareja.

Pruebas pendientes

"Nos vamos a ver durante un año entero celebrando pruebas que al juzgado no le van a interesar porque se mantiene en su auto de sobreseimiento, pero esta acusación sin duda alguna va a seguir luchando y va a tomar medidas contra todo lo que ha ocurrido", aseguró la abogada Patricia Catalina, que representa a las hijas del matrimonio, una vez concluida la comparecencia.

La acusación particular considera que el juez y el Ministerio Público "parecen, desde el máximo respeto, la defensa del acusado" y anuncia que tendrá que "tomar medidas" porque, frente a la negativa de aumentar las medidas cautelares, la Audiencia Provincial "entiende que existen indicios como para continuar con un tribunal del jurado". "Ni nosotros ni esta familia se va a rendir y, si tiene que ser otro juzgado el que lo entienda, será otro juzgado el que lo instruya", enfatizó en declaraciones a los medios.

El único investigado por esta causa es la última persona conocida que vio con vida a Antonio Quesada y Ana María Artiles el seis de marzo de 2012 y llegó a los juzgados a primera hora de la mañana, con el rostro oculto por unas gafas de sol y una gorra. El día de la desaparición se reunió con el matrimonio en la sucursal bancaria pasado el horario de cierre y salieron caminando los tres juntos, como se puede observar en las imágenes recuperadas. La principal prueba en su contra es la geolocalización de su teléfono móvil, que en una llamada que hizo a las 20.44 horas lo sitúa en la zona de la Montaña de Agüimes donde aparecieron cinco años después los cadáveres.

El juzgado practicó una pericial para comprobar si firmó la retirada de 78.400 euros de la cuenta del matrimonio

Las hijas del matrimonio no tienen ninguna duda de que Rogelio S. T. es el principal responsable de la muerte de sus padres y sufrieron una nueva decepción tras conocer la decisión de mantenerlo en libertad provisional. "Me siento una víctima de la Justicia, como mucha gente en España, porque no puedes confiar en ellos", expresó Dolores Quesada en representación de la familia.

El investigado por la muerte del matrimonio de Guanarteme comparece tras la reapertura del caso

La hija recuerda que el que movía las cuentas bancarias del matrimonio era el investigado y está "segura" de que fue él quien falsificó sus firmas para llevarse 78.400 euros. "Tienen a alguien que ha hecho cosas en la calle, por no llamarle supuesto asesino, sin medidas cautelares", denunció la familiar, que afirma que "tarde o temprano todo se coloca en su sitio porque las cosas caen por su propio peso y tanto caerá la Justicia como el señor Rogelio".