Cuenta atrás para implantar la gran reforma del modelo judicial en Canarias

La cuenta atrás para implantar los cambios organizativos y procesales que contempla la nueva ley de eficiencia del servicio público de la justicia ya ha arrancado. En tres meses, los juzgados de toda España deberán aplicar una serie de medidas que pretenden transformar por completo el proceso judicial, empezando por la conversión de más de 3.800 juzgados en 431 tribunales de instancia. Sin embargo, los portavoces de las asociaciones profesionales de jueces y magistrados en Las Palmas advierten que esta reforma puede ser "cosmética" si no se acompaña de una dotación económica. 

La norma incluye cambios significativos para los juzgados de violencia sobre la mujer, que hasta ahora solo procesaban delitos cometidos en el ámbito de la pareja y pasarán asumir las agresiones sexuales hacia todas las mujeres; para los juicios penales que van por la Audiencia Provincial, los cuales incluirán una vista preliminar para resolver las cuestiones previas; y para los procedimientos de desahucios, que se acelerarán en los casos de okupación con allanamiento de morada. Además, los juzgados de paz evolucionarán a oficinas de justicia y se apuesta, desde los ámbitos civil y mercantil, por el uso de los medios alternativos para la solución de controversias, como la mediación y el arbitraje. 

Justicia cree que trasladar Violencia sobre la Mujer libera a Telde, Arucas y Guía

El juez decano y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura en Las Palmas, Juan Avello, cree que "esta ley, si no se apuesta decididamente y no va con dotación económica y presupuestaria se va a quedar en nada, como ocurre prácticamente siempre". Parte de que es una buena idea que "necesita un poco de reorganización", pero advierte de que con la simple creación de más plazas y más juzgados no se va a solucionar la sobrecarga de trabajo que sufren los órganos judiciales canarios al arrastrar la tasa de litigiosidad más alta de España. 

En tres meses arrancan los primeros cambios, como la división de juicios penales en dos vistas separadas

El juez decano alerta en especial de los cambios que sufrirán los tres juzgados de violencia sobre la mujer, que ya están colapsados y asumirán un mayor volumen de asuntos. "Es un indicativo de que hay un problema que afecta a la tutela judicial efectiva y a la calidad de la prestación del servicio público", señala. 

Las noticias positivas, mantiene Avello, son que la norma ofrece una mayor flexibilidad para reforzar la plantilla porque permite añadir más jueces sin tener que crear un nuevo órgano judicial. "En Europa funciona un sistema parecido de tribunales de instancia y, si allí funciona bien, no hay motivo para creer que aquí no lo va a hacer", enfatiza. 

Adalberto de la Cruz, portavoz regional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que es la mayoritaria en el Archipiélago, señala que están realizando un estudio técnico y en profundidad sobre esta ley, aunque apunta que no se podrán cumplir los objetivos de la misma sin una "indispensable dotación presupuestaria". Teme que sin un refuerzo de medios "se trate de un mero cambio de nombres que no refuerce la Administración de Justicia". 

Refuerzo de la mediación

"Se debe poner en valor la apuesta por la mediación y la solución extrajudicial de conflictos, siendo aún pronto para valorar si eso supondrá una disminución de la carga de trabajo de los jueces", enfatiza el también juez decano de Arrecife. En este sentido, remarca que "es imprescindible aumentar la plantilla de jueces para acercarnos a la media europea".

El magistrado añade que en el caso de Canarias no está implementado el sistema intermedio previo, conodio como oficina judicial, lo que "complicará la efectiva puesta en marcha de los nuevos tribunales de instancia". Indica que para lograr "una verdadera operatividad" habrá que "adaptar las sedes judiciales existentes al nuevo sistema y dotar de mejores instalaciones a partidos judiciales que llevan años necesitándolas".

El portavoz regional de Juezas y Jueces para la Democracia, Pedro Herrera, señala que "va a haber un periodo de tiempo para ir adaptándonos" a los cambios de la organización judicial, que afectarán a los juzgados de lo social, de lo contencioso administrativo, de instrucción y de penal, pero no tanto a las Audiencias Provinciales. "Ese cambio implica que cambiaría el modelo de órganos unipersonales y se trabajaría mediante un tribunal de instancia donde quedarían agrupados todos los jueces y a través de un presidente se haría el reparto de trabajo entre ellos", matiza. 

La norma incluye la creación de tribunales de instancia y mayores competencias en violencia sobre la mujer

La idea, continúa el magistrado, es "trabajar en equipo y de manera conjunta y uniforme". Respecto a cómo va a afectar esto al ritmo de trabajo, señala que "habrá que verlo" cuando empiece a aplicarse la nueva normativa, pero considera que puede reducir las diferencias de criterios entre los distintos órganos judiciales. 

Herrera cree que "el refuerzo de medios es necesario en todo momento" porque la planta judicial "es escasa y si queremos que se trabaje mejor, de una manera más operativa y funcional, esta ley debe ir acompañada de lo que necesitamos, que es la creación de más plazas judiciales". Añade que en tres meses entrarán en vigor las reformas que afectan a la ley de enjuiciamiento criminal relativas al procedimiento en sí, pero otras cuestiones se demorarán nueve meses. 

Aspectos a mejorar

La portavoz en Las Palmas del Foro Judicial Independiente, Marisa Santos, cree que "aún es pronto para hacer una valoración global" de cómo va a afectar la nueva ley a los procedimientos judiciales, pero señala que lo más importante "será ir viendo el desarrollo práctico de la norma". A priori, cree que "hay algunos aspectos que habrían podido mejorarse" en la redacción, pero expresa que lo más importante "será su puesta en práctica". 

El CGPJ prevé cubrir todas las vacantes judiciales en Canarias antes de junio de 2025

El decano del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura, Fermín Ojeda, apunta que la reforma "supone un paso significativo en la modernización y optimización del Servicio Público de Justicia", pero implica nuevos retos. En concreto, señala que la implantación de los tribunales de instancia "requiere una asignación adecuada de recursos" y cree que la ley "podría haber integrado un enfoque más ambicioso para fomentar la resolución extrajudicial en el ámbito laboral". También se plantean otros desafíos en el uso de tecnologías y en la agilización de los procedimientos, pero resalta el papel que jugarán los colegios en la capacitación de los profesionales.

Suscríbete para seguir leyendo