Tribunales

Juan Antonio Rodríguez, presidente del Consejo Canario de Abogados: "La planta judicial no se adecua a la realidad actual de las Islas"

El decano de La Palma Juan Antonio Rodríguez asume la presidencia de la institución regional con el reto de adaptarse a la nueva reforma judicial y de exigir mejoras para la abogacía y el turno de oficio

El nuevo presidente del Consejo Canario de Abogados, Juan Antonio Rodríguez, en la sede del Colegio de Las Palmas.

El nuevo presidente del Consejo Canario de Abogados, Juan Antonio Rodríguez, en la sede del Colegio de Las Palmas. / Andrés Cruz

Benyara Machinea

Benyara Machinea

¿Qué retos se plantea al asumir la presidencia del Consejo Canario de Colegios de Abogados?

Uno de los principales retos es la imperiosa necesidad de adaptarse a la ley de eficiencia procesal en el sector público de la justicia, que viene a modificar 18 textos legales en nuestro ordenamiento jurídico. Es una modernización que representa un auténtico reto desde un punto de vista organizativo y funcional. El grueso empieza el uno de abril y veremos si cumple las expectativas que se esperan de un texto legal de tanto calado.

Las asociaciones judiciales han advertido que estos cambios tienen que venir acompañados de una dotación económica.

Es tanto lo que se pretende que quedaría vacuo de contenidos, estaría llamado al fracaso, si no se dota de una partida presupuestaria tan extraordinaria como la modernización que pretende. Quizás en Canarias puede representar incluso un plus de dificultad por el sistema insular donde radican las demarcaciones judiciales. Sin medios va a ser imposible la creación de los Tribunales de Instancia, de las Oficinas Judiciales, la reestructuración de los juzgados de paz en oficinas judiciales o de los propios tribunales de instancia con sus oficinas respectivas. Aparte de muchísimos más cambios porque, solo en las reformas operadas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, modifica alrededor de un 27% del texto legal.

No es la primera vez que asume la presidencia del Consejo, también lo hizo en 2021, un año marcado por la pandemia.

Sí y con anterioridad también lo hice en 2017. Cada una de las presidencias asume retos y es verdad que a mí me han tocado algunos dignos de mención, pero los hemos solventado y hemos progresado, que es de lo que se trata. Tanto yo como mis compañeros estamos designados de carácter temporal para ejercer ese derecho de tutela, de coordinación y de defensa de la abogacía en la comunidad autónoma. Estamos aquí para que redunde en beneficio de nuestros compañeros, así que espero que así sea, no solo por el buen funcionamiento de la abogacía, sino de la propia administración de justicia que, al fin y al cabo, revierte en la ciudadanía.

"Se avanza, pero eso no quita que se exijan mejoras y que se curen esas carencias que siempre habrá"

Entre las principales reclamaciones de la abogacía se encuentra la dignificación del turno de oficio.

Ese siempre ha sido un tema complejo y recurrente. Partimos de la base de que los módulos de retribución del mal llamado turno de asistencia jurídica gratuita ha sido al principio paupérrimo y ahora más que mejorable. Hay que agradecer el esfuerzo de la Consejería de Presidencia y Justicia de dotar unas mayores partidas y atender las reivindicaciones. Hemos firmado recientemente un acuerdo de incremento de los módulos de retribución en tres anualidades. Se prevé un aumento homogeneizado del 30% al final de la legislatura, pero, como ya advertimos en su día, sigue siendo insuficiente.

"Uno de los principales retos es la necesidad de adaptarse a la nueva reforma judicial"

En el Congreso de los Diputados y el Senado cada vez abundan más las menciones al lawfare o guerra judicial. ¿Estamos en un momento de desconfianza en el sistema?

Yo no creo que sea un momento de desconfianza en el sistema judicial porque las valoraciones, sobre todo las del turno de oficio, son de las más altas de cualquier corporación de derecho público y los índices de transparencia de los cuatro colegios rozan la excelencia. Lo que transmite malamente la clase política es una confrontación que ha salido del arco parlamentario a la sociedad, que no entiende de ciertas circunstancias porque, aunque le atañen, no tiene las bases de raciocinio, de explicación de por qué se dicen ciertas cosas que no se ajustan literalmente a la realidad. Creo firmemente que la administración de justicia funciona y está preparada, creo en la independencia del poder judicial y de las diferentes organizaciones y operadores que la integran. 

Canarias tiene sus propias particularidades con la tasa de litigiosidad más alta de España. ¿Cómo afecta esto a la abogacía?

Así es, tenemos desde hace bastantes años la tasa de litigiosidad más alta del Estado español y eso hila con ese problema organizativo. Somos un archipiélago, somos islas en las que hay que dar una tutela judicial efectiva y desde hace tiempo no se ha adecuado la planta judicial y sus necesidades a la realidad actual de la comunidad autónoma. Es cierto que en esta legislatura, y no quiero entrar en una especie de evaluación política pero sí tengo que reconocerlo, se ha hecho un sobreesfuerzo más que considerable y razonable de dotación de medios humanos y materiales y de renovación de la planta judicial, de la incorporación de nuevos juzgados en Canarias y de la modernización y ejecuciones de nuevas sedes judiciales. Creo que se avanza, pero eso no quita que se exijan mejoras y que se curen esas carencias, que lamentablemente siempre las habrá.

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