Consejeros de Anfi niegan anomalías en la aprobación de una indemnización por despido

Tres empresarios que formaron parte del Consejo de Administración de Anfi Sales trataron de demostrar este jueves en el juicio ante la Audiencia Provincial de Las Palmas que no incurrieron en un delito de administración desleal al aprobar el pago de 780.940 euros de indemnización por el despido de un directivo. Las acusaciones sostienen que este trabajador solo tenía un contrato verbal y no había negociado las condiciones en caso de que el mismo se rescindiera. 

La vista oral enfrentó una vez más a los hermanos Santiago Santana Cazorla (cuyos hijos interpusieron la querella) y Manuel Santana Cazorla como uno de los encausados. La defensa de este último atribuyó el caso a una "querella espuria por una pura pelea familiar". Las otras dos personas que se sentaron al banquillo son Manuel Fernández, que aprobó el pago en representación de la empresa El Safe S. A., y el empresario presuntamente beneficiado, Arturo Ramírez. Las defensas de ambos mantuvieron que el despido de Ramírez se produjo para que pasara a adoptar un papel de asesor y frenar una futura indemnización que podía llegar a alcanzar los dos millones y medio de euros.

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La Fiscalía pidió para cada uno de los acusados tres años de cárcel, la devolución de los 780.940 euros y 10 meses de multa con cuota diaria de 50 euros, mientras que la acusación particular elevó su petición a cinco años de cárcel. Los hijos de Santiago Santana Cazorla que interpusieron la querella como accionistas aseguraron que la aprobación del pago llegó en un momento en el que la empresa estaba perdiendo dinero y terminó por sumirla en un concurso de acreedores.

Contrato aportado

El único de los empresarios que declaró a preguntas de su abogado defendió que además del contrato verbal de 2012 hubo un segundo contrato por escrito en 2014, que fue aportado por la defensa en la vista oral. La acusación particular puso en duda la veracidad de este documento firmado por Manuel Santana Cazorla, y su hermano aseguró que hasta 2016 él era quien negociaba y firmaba "todos los contratos de directivos".