Condenada una exempleada bancaria por estafar 298.000 euros con tarjetas falsas en Canarias

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia contra una antigua empleada de una sucursal bancaria en Santa Cruz de Tenerife, condenada a cuatro años y medio de cárcel y al pago de una indemnización de 298.000 euros a la entidad por una compleja estafa con tarjetas bancarias.

Los hechos, según recoge la sentencia, se remontan a 2015, cuando la mujer comenzó a generar tarjetas de débito y crédito de manera fraudulenta, vinculándolas a cuentas de clientes sin que estos lo supieran. Una de las víctimas era un hombre mayor de 90 años, cuya edad fue aprovechada por la acusada para evitar sospechas.

Manipulación del sistema bancario

La condenada trabajó en la entidad durante 15 años, hasta que fue despedida en 2019. Durante los últimos años, aprovechó su acceso al sistema informático del banco para activar tarjetas a nombre de personas reales, pero que nunca recibieron ni autorizaron esos medios de pago. Estas tarjetas se conectaban a cuentas de terceros, permitiendo a la acusada realizar extracciones de dinero en su beneficio.

En un primer episodio, logró retirar 12.500 euros en un mes con una tarjeta asociada a un cliente que no era el titular. Más adelante, repitió la estrategia con otra tarjeta ficticia, logrando 49.500 euros. La misma táctica le sirvió para hacerse con otros 1.600 euros adicionales.

El caso del anciano y la condena definitiva

El fraude más elevado se dio con la cuenta de un anciano nonagenario, del que extrajo 228.500 euros, confiando en que no revisaría sus movimientos bancarios. La auditoría interna reveló que las tarjetas fraudulentas estaban vinculadas a cuentas de cuatro clientes distintos y fueron usadas para desviar los fondos sin levantar sospechas.

Inicialmente, la Audiencia Provincial la condenó por falsedad agravada a tres años de prisión, pero descartó el delito de falsificación de tarjetas. Esta segunda acusación fue recuperada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), lo que aumentó la pena hasta los cuatro años y medio.

La defensa de la acusada intentó cuestionar el papel del banco como acusación particular, alegando que debía ser considerado responsable civil subsidiario. También objetó la validez del informe pericial elaborado por la propia entidad financiera. Sin embargo, el Tribunal Supremo ratificó la validez de este documento como prueba y confirmó que la acusada fue quien modificó los datos de las tarjetas y las cuentas en hasta cuatro ocasiones, incluso desde distintas sucursales.

En su resolución, el tribunal subraya que se trata de una falsificación auténtica, ya que las tarjetas fueron alteradas para permitir su uso sin el conocimiento ni consentimiento de sus supuestos titulares.