Los jueces de paz de Canarias cambian las bodas por los pequeños hurtos

Los jueces de paz de Canarias, esos ciudadanos encargados de solucionar los conflictos vecinales, dejarán de celebrar bodas civiles, asumirán mayores funciones de conciliación y volverán a celebrar juicios por delitos leves con la ley de eficiencia de la justicia, que entró en vigor el pasado tres de abril y modifica la planta judicial de todo el país. Sin embargo, el cambio completo de las atribuciones está a la espera de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y requiere una modernización de los equipamientos, con la instalación de las cámaras y ordenadores necesarios para hacer frente a sus nuevas funciones.

Las uniones por la vía civil han pasado ya a ser asumidas por cada municipio y, en su lugar, las competencias de los jueces de paz aumentarán en los delitos leves. Podrán resolver de nuevo los hurtos pequeños, cuando se trata de cuantías por debajo de los 400 euros, así como los conflictos por coacciones, amenazas o vejaciones que implican penas de multa o trabajos en beneficio de la comunidad.

Estos órganos presentes en los municipios que carecen de un juzgado de primera instancia e instrucción colaborarán así con la descongestión de los juzgados ordinarios y evitarán desplazamientos innecesarios entre municipios. Dichos jueces, a los que no se les exige la posesión de un grado en derecho, se ocuparon de resolver 12.542 asuntos civiles en la provincia de Las Palmas el año pasado, en su mayor parte por exhortos civiles, juicios verbales y actos de conciliación; mientras que en materia penal fueron los encargados de cerrar 4.686 asuntos.

Los jueces exigen los medios y equipamientos necesarios para afrontar sus nuevas funciones

Tras el cambio de competencias respecto a las bodas civiles, localidades como la Villa de Moya, que no tienen una normativa específica que las regule, están haciendo frente a un elevado volumen de solicitudes, ya que, a diferencia de otros municipios, no exigen el pago de una tasa por celebrar estas uniones.

Su jueza de paz, Dolores González, matiza que los posibles beneficios con la asunción de los juicios verbales dependen en última instancia de los propios implicados. "Lo que hago yo es que, en cuestión de conciliación, no dejo entrar a los abogados a sala porque la misma palabra te lo dice: conciliación. Intento que ellos, como vecinos, coincidan", asegura.

Lamenta, eso sí, que la nueva asunción de competencias no haya venido acompañada de una dotación de los medios necesarios. "Tenían que haber empezado por el principio, poner ordenadores e instalaciones nuevas y luego hacer la reforma, pero no, empezaron la casa por la azotea", afirma.

Facilitar acuerdos

En los 21 años que lleva ejerciendo sus funciones, ha decidido prescindir de la toga para dar una imagen más cercana. "Lo que no quiero es que se encuentren reprimidos, sino que actuemos como vecinos. Es como si estuviésemos tomándonos un café e intentando llegar a un acuerdo y es mi labor comunicarles que, si no se llega, van a tener que continuar con el litigio, que les va a costar más dinero", explica.

En los últimos años, González ha sido testigo de la evolución de esta figura: "Antes, con que el juez fuese una persona cercana al ciudadano ya te valía, pero hay que tener cierta cultura, entender lo que te dicen y saber llevarlo por el cauce oportuno". Para esta jueza, lo mejor de su función es el acercamiento que se logra alcanzar entre vecinos e, incluso, entre antiguos amigos que han tenido algún conflicto. Uno de los casos que más recuerda es el de un hombre que no quería que su vecino pasara por su terreno para pintar la fachada lateral de su casa porque tenía miedo que se apropiara de su casa. Solo cedió con una condición: que la propia jueza acudiera el lugar y supervisara todo el trabajo, algo que finalmente ocurrió.

Otro juez de paz que ve necesaria la dotación de más medios para afrontar la nueva reforma es Juan Pedro Luzardo, que ejerce sus funciones en el municipio de Mogán. Recientemente, han informado de que carecen de una sala de vistas para poder celebrar los juicios por delitos leves, motivo por el que aún no han podido empezar. "No se pueden celebrar donde estamos atendiendo al público, que es lo único que tenemos", indica.

Podrán resolver de nuevo delitos leves que implican penas de multa o trabajos en beneficio de la comunidad

"Yo siempre digo que esto es como una sucursal de la oficina principal. La gente no tiene por qué estar trasladándose a San Bartolomé de Tirajana, que es el juzgado al que nosotros pertenecemos, para resolver sus conflictos", sostiene Luzardo, que ve que el papel que juegan los jueces de paz "ayuda mucho al municipio".

En cuanto a las bodas, que hasta el mes de abril celebraban en un jardín junto al Ayuntamiento de Mogán, no han perdido del todo su función, ya que siguen haciendo el expediente matrimonial y después lo remiten o bien al Consistorio o a la notaría. Esto se suma a sus labores diarias en temas de conciliación, comunidades, gestiones de fe de vida, partidas de nacimiento, defunción y matrimonio, entre otras cuestiones.

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