Hasta cuatro años de prisión para una red familiar por falsificar documentos para sacar de Canarias a más de un centenar de migrantes

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado este miércoles a entre dos y cuatro años de prisión a los integrantes de una red criminal familiar que facilitó documentación falsa para el traslado de más de un centenar de migrantes africanos llegados a Canarias de forma irregular entre noviembre de 2021 y julio de 2022. Los encausados manifestaron conformidad con la sentencia. La pena más alta, de cuatro años, ha sido para S. B., líder de la trama a la que se identificaba con el seudónimo de "la abogada", si bien ella se encargaba de desmentir que esta fuese su profesión. También participaron en los hechos sus dos hijos, Y. M. y A. M.

La pena impuesta para Y. M. es de tres años, mientras que la acusación no se dirige contra A. M. porque se encuentra huido en Marruecos. También tomó parte E. B. P. como cooperador necesario, por lo que ha sido condenado a dos años de prisión y ocho meses de multa. En ninguno de los casos concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental.

Esta actividad estaría relacionada con la que supuestamente realizaba M. S. M. facilitando autorizaciones de residencia de forma fraudulenta a ciudadanos marroquíes y mauritanos por cantidades superiores a 4.000 euros en cada caso.

Transferencias monetarias

Las investigaciones de la Comisaría General y de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras desmantelaron esta organización que cobraba un mínimo de 200 euros por facilitar el tránsito desde Canarias hasta el continente europeo a través de documentación falsa. La cifra podía ser superior si permanecían más tiempo en las Islas o si terminaban en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Tras el registro del domicilio donde realizaban la actividad delictiva, fueron intervenidos un total de 3.750 euros en efectivo.

Según el escrito de acusación, la red familiar contactaba con un grupo de personas que organizaba salidas de pateras desde Marruecos o con los familiares que esperaban a sus seres queridos en la Península o distintos países de Europa. De este modo, los migrantes que pudiesen estar interesados en sus servicios cerraban el trato mediante compañías de transferencia monetarias a nombre de alguno de los encausados.

Tránsito en avión o barco

Una vez identificados con nombres, apellidos y el número de la embarcación en la que viajaban, acudían al Centro de Atención Temporal de Inmigrantes (CATE) de Barranco Seco, a los hoteles donde eran alojados de forma provisional o al CIE para recogerlos y hacerse cargo de ellos.

A partir de entonces, la organización los alojaba en casas de Las Palmas de Gran Canaria y Arucas, les facilitaba la compra de ropa nueva y les cambiaba su imagen personal. Después reservaba un billete de avión y, en caso de que no llegasen a embarcar debido a los controles del aeropuerto, la misma red les facilitaba el tránsito en barco hasta Huelva, puesto que allí los controles eran más laxos. De este modo lograron desplazarse, al menos, 47 migrantes.

Falsedad documental y traslados de menores

En el escrito consta que los migrantes recibían instrucciones para impedir su deportación, como manifestar ser homosexuales a la hora de realizar su solicitud de asilo para que se admitiera a trámite. También los acompañaban a realizar otros trámites como el empadronamiento.

Asimismo, se instó a varios menores a que se fugasen de los centros de acogida para recogerlos y llevarlos a sus casas. Desde allí, les facilitaban documentos de otras personas mayores de edad para que embarcasen en vuelos con destino a la Península u otro país europeo.

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