El TSJC pide al Gobierno canario garantías de encriptación de los atestados telemáticos

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha solicitado al Gobierno de Canarias que adopte "con carácter prioritario y urgente" medidas de cifrado de extremo a extremo que garanticen la protección de los datos contenidos en los atestados policiales que se envían por vía telemática a los órganos judiciales.

Considera que es algo que debe hacerse especialmente cuando estos se refieren a procedimientos sometidos a secreto sumarial, a material audiovisual relativo a menores de edad, a víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual o a testigos protegidos, informa el TSJC en un comunicado.

La Sala de Gobierno del TSJC pide que se "adopte con carácter prioritario y urgente las medidas necesarias para implantar sistemas de transmisión telemática mediante cifrado de extremo a extremo que garanticen: algoritmos de cifrado de nivel alto conforme al Esquema Nacional de Seguridad; firma electrónica avanzada o cualificada; registros de trazabilidad inalterable que documenten la identidad de usuarios, fecha, hora y operaciones realizadas, conservándose durante dos años".

También el control de acceso basado en roles y principio de minimización; interoperabilidad con el sistema LexNet; canaldiferenciados para datos especialmente protegidos y sistemas de detección de intrusiones y respuesta a incidentes.

El TSJC pide al Gobierno que informe de las medidas adoptadas en un plazo de dos meses y comunica su petición al Consejo General del Poder Judicial.

Según asegura, el tribunal ha constatado "la imposibilidad de transmisión segura mediante protocolos criptográficos de encriptación de atestados policiales y diligencias que contienen categorías especiales de datos personales".

Asimismo, subraya que resulta "especialmente crítica" la "carencia de medios técnicos" para la transmisión cifrada en procedimientos sometidos a secreto sumarial, atestados con material audiovisual relativo a menores de edad víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual, pruebas preconstituidas con grabación de menores o personas vulnerables o, documentación que contenga datos relativos a víctimas de violencia de género o personas acogidas en programas de protección.