Canarias lidera la litigiosidad por séptimo año consecutivo con la mayor tasa del país

Canarias volvió a ser la comunidad autónoma con mayor volumen de pleitosen 2025, un fenómeno que lastra el ritmo de los juzgados y que se ha convertido en una realidad recurrente en los últimos siete años. Los expertos atribuyen la gran conflictividad del Archipiélago a una población flotante que no se contabiliza en las estadísticas y a un modelo económico basado principalmente en el turismo y en el sector servicios, que se presentan más conflictivos frente a otras regiones donde predomina la actividad industrial.

Las Islas ingresaron 456.421 asuntos nuevos en los juzgados el año pasado, tras experimentar un ligero descenso del 4,1% que apenas reduce la brecha con otras localidades. En otras palabras, los ciudadanos judicializaron 1.250 cuestiones cada día y 52 por hora. Las cifras, recabadas por el servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial y difundidas este lunes, vuelven a situar a la región a la cabeza del país en número de pleitos.

La tasa refleja una media de 202,06 casos por cada 1.000 habitantes, que supera en casi 40 puntos a la siguiente comunidad autónoma en el ranking, la cual es Madrid con 166,46. La diferencia, sin embargo, se acrecienta al observar el final de la tabla. Con casi la mitad de pleitos, el País Vasco, que tiene un modelo basado en la industria, se posiciona como la región menos conflictiva con una tasa de 109,94 asuntos.

Canarias registró una tasa de 202 pleitos por cada 1.000 habitantes en 2025

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias trató de explicar estas diferencias en su última memoria anual, en la que se hizo eco de las teorías del abogado y economista del Banco de España Juan S. Mora-Sanguinetti. En su libro La Factura de la Injusticia sostiene que un modelo sustentado en el sector servicios o en la agricultura será siempre más pleitista que otro con mayor peso de la industria.

La hipótesis de este experto consiste en que las relaciones del sector terciario son más susceptibles de sufrir imprevistos frente a la industria, que es más robusta ante circunstancias desavenidas. Uno de los ejemplos que pone para explicarlo es la caída de la actividad hostelera que siguió al confinamiento decretado por la pandemia de la Covid-19.

Falta de estabilidad

A ello se le suma que las regiones turísticas concentran más conflictos dentro de la jurisdicción social debido, en gran parte, a la falta de estabilidad en los puestos de trabajo y a las aperturas y cierres recurrentes frecuentes de los pequeños negocios.

Otro de los condicionantes a los que apunta Mora-Sanguinetti consiste en el exceso de regulación, pues afirma que el volumen de normas en Canarias ha aumentado en los últimos años y advierte que un volumen de regulación excesivo o que provenga de muchas administraciones distintas contribuye a un aumento de los asuntos que acaban en los tribunales debido al desconocimiento.

Los nuevos datos reflejan además una mayor carga de trabajo acumulada en los juzgados canarios al finalizar el año, pues quedaron en trámite 266.068 asuntos, lo que representa un incremento del 7% respecto al año anterior.

Los órganos judiciales Canarios abrieron una media de 52 casos nuevos cada día

Los órganos judiciales canarios 440.729 casos, una cifra similar a 2024. Según señala el TSJC, este equilibrio entre la entrada y resolución de asuntos explica que, aunque el sistema judicial mantiene su capacidad operativa, no logra reducir de forma significativa el volumen de procedimientos pendientes.

Por otro lado, el Archipiélago mantuvo niveles similares de pendencia, resolución y tasa de congestión en comparación con el conjunto del país, a pesar de la elevada litigiosidad que condiciona su funcionamiento.

Diferencias entre ambas provincias

A nivel provincial también existen importantes diferencias entre las distintas Islas. Mientras que Las Palmas registró la segunda tasa de litigiosidad más alta de España, solo por detrás de Lugo con 206,57 casos por cada 1.000 habitantes; Santa Cruz de Tenerife continuó por encima de la media nacional pero con unas cifras bastante inferiores de 176,44 litigios por cada 1.000 habitantes.

Con respecto a las distintas jurisdicciones, se produjo una bajada generalizada del número de asuntos judicializados, más significativa en la contencioso-administrativa en la que cayeron un 18,3%. Los únicos casos que se vieron incrementados fueron los del orden social con un 1,3% más de demandas, que provocó un aumento del 11,7% de la pendencia debido a un ligero descenso del número de resoluciones.