Las negociaciones abiertas a lo largo de 2014 entre la mayor parte de los jefes de servicio del Ayuntamiento de Telde y el grupo de gobierno de la corporación para restituir uno de los pluses de productividad que aquellos percibían hasta 2010 han terminado por naufragar. Tal es así que al menos seis de estos funcionarios de alto rango han decidido presentar una demanda en el juzgado de lo contencioso administrativo de la capital grancanaria después de que no se haya restituido el pago de un plus de mil euros mensuales que se les otorgó durante un acuerdo municipal del 19 de octubre de 2007 y que fue modificado posteriormente en la Junta de Gobierno Local del 21 de junio de 2010.
Esta última decisión, que supuso el descuento, en un 40%, de dicho importe, fue tumbada por una sentencia firme del juzgado de lo contencioso administrativo número 6. Emitido el 29 de julio de 2011, el fallo vino a darle la razón a uno de los jefes de servicio que acudió a los tribunales al considerar que el recorte aplicado a su nómina no se ajustaba a derecho. Tras este litigio, el gobierno local entendió que podrían caerle en cascada una serie de resoluciones del mismo cariz en contra, por lo que se barajó la opción de volver a reimplantar la paga de 1.000 euros de forma íntegra, además de atender los atrasos de los últimos años. En total, se especulaba con la posibilidad de que el consistorio tuviera que desembolsar cerca de 200.000 euros, pues la medida no sólo incidía sobre la nómina de los jefes de servicio, sino también sobre la de los jefes de sección, que situados por debajo en el escalafón habían conseguido un plus de 500 euros.
Las reuniones mantenidas entre uno y otro bando tenían como objeto un reintegro inminente de los atrasos con la condición de la aplicación de ciertos descuentos, cosa que nunca fructificó. La aparición de una segunda sentencia similar en noviembre de 2013 reforzó esta tesis. Hartos de esperar, y tras al menos tres requerimientos, seis de los jefes del consistorio se han hecho con los servicios de un letrado y han elevado el pleito ante los juzgados de lo contencioso administrativo. Sólo en lo que a ellos atañe directamente, el monto que han dejado de percibir desde la fecha del acuerdo nulo hasta la fecha de presentación de la demanda, en septiembre pasado, es de 93.600 euros.
El escrito ha ido avanzando y ya hay fecha para el juicio: será el 18 de noviembre de este año, en el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de la capital.