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La alcaldesa defiende ante la juez la recuperación de un solar de La Mareta

"Actué con los informes preceptivos", advierte para justificar el pago de 13,2 millones a Ambrosio Jiménez con el ICO - La magistrada le imputa cuatro delitos

La alcaldesa defiende ante la juez la recuperación de un solar de La Mareta

La alcaldesa defiende ante la juez la recuperación de un solar de La Mareta

La alcaldesa de Telde, María del Carmen Castellano, defendió ayer en los juzgados con énfasis el procedimiento seguido por su grupo de gobierno para recuperar una de las parcelas del parque comercial de La Mareta. Sin embargo, el proceso de reversión seguido en su momento por el gobierno compuesto por PP, CC y Ciuca para comprar al promotor Ambrosio Jiménez los 6.500 metros cuadrados de la explanada P-1 que le fueron vendidos en diciembre de 2005 no está del todo claro para la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Telde, Virginia Peña. Esta ha decidido mantener imputada a Castellano por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, falsedad en documento público, malversación de caudales y desobediencia a la autoridad judicial.

La regidora acudió en la tarde noche de este martes a declarar en la causa abierta después de que el primer adjudicatario del derecho de superficie de estos terrenos, Julián Gómez del Castillo, le interpusiese el pasado año una denuncia al considerar que el sistema empleado por el gobierno local no había sido el más acertado.

Lo cierto es que al caso no le falta complejidad. El Ayuntamiento de Telde perdió en el año 2011 el largo pleito judicial abierto por el empresario después de que se anulase la explotación de las explanadas P-1 y P-2 de la citada área de ventas que se le había conferido por el exalcalde Francisco Santiago en mayo de 2003. Fue en 2004 cuando el pacto encabezado por Francisco Valido (PP) y Guillermo Reyes (Ciuca) alegó retrasos en el desembolso de avales y cánones para quitarle el derecho a hacer un hotel, un geriátrico y otros equipamientos al representante de la firma Urbagest.

El fallo judicial de 2011 lo cambió todo. En el momento de devolver todo a la situación inicial, tal como estableció la sentencia de ese año, surgió otro inconveniente: la institución local ya había dividido la P-1 en dos sectores en el año 2005 y el más pequeño de ellos, de 6.500 metros cuadrados y que hace esquina con Ikea, había sido subastado y vendido a Ambrosio Jiménez en cerca de diez millones de euros. Así las cosas, a Telde no le quedó otra más que recomprar el terreno a Jiménez, quien nunca llegó a mover una piedra y exigió el pago por lucro cesante y daños.

El importe final se fijó en 13,24 millones de euros y la institución local aprovechó una línea de pagos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para 'colar' el abono. Fue la factura más alta pagada en toda españa bajo esta vía, lo que le dotó de mayor polémica si cabe.

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Las formas no gustaron a la oposición, que denunció a través del portavoz de Más por Telde, Juan Francisco Artiles, lo impropio del sistema. A todo esto se añadió que el convenio que se aprobó en pleno, y que bendijo el procedimiento de reversión de los terrenos a manos municipales, difirió en algunas cláusulas con el que se firmó finalmente en notaría. Todo este batiburrillo es el que ha motivado la imputación de la alcaldesa, del entonces concejal de Urbanismo, Francisco López; del que fuera su jefe de Urbanismo, José Luis Mena; del interventor, Enrique Orts; del secretario, Ángel Sutil; y del propio Jiménez. De todos ellos, tan sólo queda por acudir a declarar Orts, que ayer finalmente no acudió al Palacio de Justicia de Telde.

Tras más de una hora de interrogatorio, la alcaldesa recalcó que no tenía "absolutamente nada que esconder", que había "aclarado todo lo que había podido aclarar" y que "siempre he actuado conforme a la legalidad y con todo la documentación que ha salido de los distintos departamentos".

La dirigente popular no quiso profundizar en determinados aspectos de la testifical que realizó ante media docena de abogados y el ministerio fiscal. Eso sí, reconoció que sólo respondió a las preguntas formuladas por su letrada, la jueza y la representante del ministerio público siguiendo las recomendaciones de su abogada, María Rosa Díaz Bertrana. "Siempre he trabajado con los informes preceptivos y conforme a las formas regulares", enfatizó.

Por su parte, y tras otra hora larga de declaración, el exjefe de Uranismo, José Luis Mena, se limitó a apuntar a los medios que su comparecencia había ido "bien". Tras su asistencia, la magistrada Virginia Peña tan sólo está pendiente de escuchar a Orts. De las anteriores testificales tampoco han trascendido muchos datos: López se acogió a su derecho a no declarar y Jiménez destacó que el solamente se había limitado a recuperar su dinero.

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