Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Panamá juzga a los tres detenidos por el asesinato de un empresario de Telde

El juicio se fija el 6 de abril para los sospechosos de asesinar a machetazos a Miguel Untiedt y José Antonio Perdomo, esposo de la exconcejala Laly Sánchez

Vista general de la finca que poseía Miguel Untiedt en Panamá, y donde resultó asesinado en un ataque sorpresa.

Vista general de la finca que poseía Miguel Untiedt en Panamá, y donde resultó asesinado en un ataque sorpresa. DIARIO CRÍTICA

Los tres detenidos por el brutal crimen del empresario grancanario José Antonio Perdomo -marido de Laly Sánchez, exconcejala de Ciuca en el Ayuntamiento de Telde- y de su amigo, el empresario tinerfeño de origen alemán Miguel Heinrich Untiedt, en Panamá serán juzgados el próximo 6 de abril. Los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia de la corte panameña prevén comenzar, a las 9.00 horas de ese día, el plenario en el que se decidirá si los imputados fueron o no los autores de la muerte a machetazos de aquellos.

Si no hay retrasos de última hora, el caso llegará a los tribunales casi dos años y medio después del doble asesinato que conmocionó a la sociedad grancanaria por su crudeza y por el que fueron arrestados los ciudadanos panameños Luis Alfredo Ramos Tenorio, Emergildo Prestán Mogoruza y René Olivier Antioco Ovalle. Estos, con sus identidades hasta ahora desconocidas y a las que ha accedido este periódico en fuentes del sistema judicial de aquel país, están acusados de la presunta comisión de delitos contra la vida y la integridad personal (homicidio doloso) y contra el patrimonio económico (robo) y han permanecido a lo largo de dos estos dos últimos años confinados en el penal de Nueva Esperanza (Colón), tras haber sido interrogados previamente en la penitenciaría de la localidad de Portobelo, cerca de Caño Ciego, el lugar en el que se encuentra la finca de Miguel Untiedt, donde ocurrieron los hechos.

A falta de que trascienda el contenido del escrito de acusaciones del ministerio público -en lo que el país americano se conoce como vista fiscal- los tres encartados podrían enfrentarse a una solicitud inicial de una pena de 30 años de cárcel por los crímenes. El código penal panameño, aprobado en 2008, estipula en sus artículos 131 y 132 que las penas para la comisión de las distintas modalidades de homicidio -entre las que se hallan las muertes con ensañamiento e incluso aquellas que tienen como finalidad el extraer órganos vitales- pueden castigarse con hasta 50 años de prisión.

En el caso de lo acaecido con Perdomo y Untiedt, lo más probable es que para los encartados, contra los que se formularon cargos en la personería de Portobelo a los pocos días de producirse el ataque, se exija una estancia en un penal próximo a los 30 años dadas las atrocidades supuestamente cometidas.

Y es que la autopsia practicada a sus cadáveres desveló en su momento que los dos habían sufrido golpes, machetazos y una ejecución final con tiros ante los seis orificios de bala localizados en sus cuerpos. Según indicaron distintas fuentes, la muerte de estos se produjo después de que Untiedt matase, el día anterior de su asesinato, a uno de los perros de unos cazadores furtivos que habían irrumpido en su finca, emplazada en la localidad de Punta Manzanillo.

Los asesinatos habrían sido el resultado de una desmedida venganza. Hasta comienzos de 2013, la Fiscalía había realizado cinco inspecciones oculares a la finca de Untiedt en busca de pruebas. A esta circunstancia se unieron los interrogatorios practicados a Antioco, Ramos y Prestán. Dos de ellos culparon al tercero de ser el autor material de los crímenes, según informaciones a las que tuvo acceso por aquel entonces el periódico panameño La Prensa. En un intento de esclarecer la agresión, el ministerio público panameño logró encontrar algunos cartuchos de escopeta con los que se cree que se pudo acabar con la vida de los canarios. Los casquillos aparecieron escondidos cerca de la finca A mediados de 2013, la fiscal cuarta superior de la procuraduría general, Lourdes Cedeño, solicitó la celebración del juicio contra los tres acusados. La petición se realizó en la sede del segundo Tribunal Superior de Justicia del país. Ahora ya hay fecha.

Compartir el artículo

stats