Varios compradores de Hoya Pozuelo que adquirieron viviendas en la urbanización rechazaron las casas de la primera línea de playa por el posible derribo que amenazaba a aquellas afectadas por el expediente abierto por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias. Así lo expusieron ayer durante el juicio Carmelo Lozano y Vicente Molina, quienes compraron sus casas en parcelas que no invaden la zona de servidumbre establecida por la Ley de Costas.
"Desistí de comprar una de las casas porque se sabía por prensa y porque en aquel momento me comunicaron los vendedores que existía un contencioso de la Ley de Costas que la afectaba", declaró Lozano. Por su parte, Molina comentó que tomó la decisión de no comprar uno de los dúplex de primera línea "por el problema que existía", aunque también "porque mi mujer no quería volver a cambiar de casa; si no, ahora estaría metido también en esto".
Asimismo, Juan Manuel Soto, que trabajó en la emisora de radio Onda Real -propiedad de Cortezo- y además es cuñado de Victoria González, apoderada de una de las sociedades del promotor Jaime Cortezo -y que también estuvo imputada en el caso-, afirmó ayer que en el año 2000 tuvo intención de adquirir una de las viviendas afectadas por esta problemática, "pero con todas las informaciones que salían en prensa tomé la decisión de no comprar".
"En 2003", prosiguió, "volví a interesarme por la promoción, porque me parecía una buena oportunidad; pero al final no me compensaba comprar, por motivo de la posible afectación". Aunque Soto apuntó que no se le había ocultado información en ningún momento, reconoció también que "a priori no tenía pinta de que fuera a producirse una demolición". Aparte, aseguró no recordar la opinión que manifestaba, respecto a la posible compra, su cuñada, Victoria González, en la época en la que el propio Soto se planteó la compra de uno de los dúplex.
Otro que declaró ante el tribunal ayer fue Ángelo García, director de una oficina de Bancaja que en 2003 concedió un préstamo hipotecario de 1.400.000 euros a la empresa Hoya Pozuelo de Cortezo, aún conociendo la existencia del contencioso, para un local comercial situado en la calle Franchy Roca. "Aquella provisión no fue obstáculo para conceder el crédito; esta operación en concreto conllevaba otra serie de garantías adicionales que incidieron de forma importante a la hora de concederlo", indicó García, antes de admitir que, si la garantía para el préstamo hubiese sido para la promoción afectada por el expediente de derribo, habría sido "prácticamente imposible" concederlo.
Por otro lado, Adolfo Matías, que fue jefe de administración y financiación del grupo de empresas del acusado, señaló en la vista que en las diferentes reuniones que se mantuvieron con los compradores se les ofreció "en todo momento" la devolución del dinero. Además, según Matías, aunque se comunicó a los propietarios que "el expediente estaba abierto", garantizó no recordar que ninguno de ellos preguntara acerca de qué iba a suceder con sus viviendas.
Hoy ofrecerán sus testimonios nuevos testigos en la que será la sexta sesión -de nueve, en total- de este proceso judicial.
