Los dúplex de Hoya Pozuelo se vendieron a un precio superior que el que marcaba el mercado inmobiliario. Julio de la Rosa y Claudio Martín, dos peritos que realizaron un informe de valoración conjunto de dos de las viviendas de la urbanización afectadas por un expediente de derribo declararon ayer en la séptima sesión del proceso judicial que estas casas se vendieron a un precio superior que el que estipulaba en su momento el mercado. En concreto, según explicaron ante el tribunal, cada uno de los dos dúplex que tasaron valían unos 226.000 euros, pero se vendieron a 300.000 y 280.000, respectivamente. Ambos se basaron en una serie de datos estadísticos obtenidos en el Ministerio de Fomento, de los cuales concluyeron que el precio del metro cuadrado en la zona era de 1.400 euros.
Por este motivo, aunque reconocieron que al tratarse de un mercado abierto el promotor "pone el precio que estima oportuno", comentaron también que las compras no fueron precisamente una ganga, puesto que, de acuerdo a su criterio, "solo se puede hablar de chollo, normalmente, a partir de un descuento del 50% del valor de la posible venta". De este modo, contradicen el argumento expuesto por varios testigos que han prestado declaración en anteriores sesiones acerca de que algunos propietarios habrían afirmado que se arriesgaron a comprar las viviendas a pesar del posible derribo porque se trataba de una oportunidad única en lo que al precio se refiere.
Ambos peritos valoraron las viviendas en 425.000 y 406.000 euros, respectivamente, una diferencia que se debe, tal y como aclararon, al número de metros cuadrados con los que cuenta cada casa, que aunque originalmente tenían los mismos, tras las reformas que llevaron a cabo los dueños, una de ellas aumentó también su superficie. Según su experiencia, "un propietario que sabe que su vivienda puede ser derribada no invierte dinero para hacer modificaciones de esa importancia. Cuando mejoras algo es porque estás satisfecho con la casa y buscas el confort para quedarte, no lo haces si sabes que tarde o temprano vas a perderla".
Víctor Sánchez y Salvador Quintana, dos arquitectos que igualmente ofrecieron su testimonio en calidad de peritos y que también tasaron algunas de las viviendas litigiosas, realizaron sus respectivos informes sin tener conocimiento de la existencia del expediente, y señalaron que probablemente el valor de las casas sería inferior si se evaluaran ahora. Sánchez valoró en 403.000 euros el dúplex que tasó en el año 2011.
En la sesión de ayer también declaró Luis Hernández, quien fuera consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Canarias de 1979 a 1983, consejero de Economía del Gobierno de Canarias y diputado regional entre 1991 y 1995, así como presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Hernández, que además era socio del promotor Jaime Cortezo en la promoción de Hoya Pozuelo, apuntó que la prensa llevó a cabo "un ataque en tromba" en su contra para perjudicarle, cuando comenzó a publicarse en los medios de comunicación el asunto de las casas de Hoya Pozuelo para que se viera como "un gran escándalo".
Cuando la periodista Candelaria (Laly) Sánchez -poseedora de una de las viviendas afectadas y denunciante en este proceso- ofreció su testimonio en una de las sesiones anteriores de la vista, ya afirmó que finalmente había continuado con la compra del dúplex cuando Cortezo, "en quien confiaba", le aseguró que no debía preocuparse por el posible derribo puesto que todo lo que aparecía en prensa era una campaña política contra Hernández.
El expolítico también confirmó ayer lo que ya había indicado la secretaria de Cortezo acerca de que Antonio Antón, otro de los compradores de uno de los dúplex, le habría pedido 70 millones de pesetas al promotor a cambio de retirar la denuncia. Asimismo agregó que el propio Cortezo ofreció a todos los propietarios devolverles el dinero que habían invertido.
Finalmente, Juan Jiménez Santana y Cristina Lastra, el médico y la psicóloga, respectivamente, que han tratado a Clotilde Saavedra, esposa de Antón, aseveraron que su paciente ha sufrido de estrés y depresión que ella misma achaca a los problemas jurídicos relacionados con su vivienda. El juicio continúa hoy en la que será la octava sesión y probablemente la última.
