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El fiscal solicita la absolución de los imputados del 'caso Hoya Pozuelo'

El ministerio público entiende que no hay delito

El fiscal solicita la absolución de los imputados del 'caso Hoya Pozuelo'

El fiscal del caso de la presunta estafa de Hoya Pozuelo, Ernesto Vieira, mantuvo ayer, en la que fue la última sesión del juicio, su solicitud de absolver a los imputados, al entender que "no existió engaño ni se ocultó información" a los compradores de las viviendas afectadas por el expediente de derribo "en el momento de la compraventa". En cuanto a que en las escrituras no se reflejara que las casas presuntamente invadían la zona de servidumbre marítimo-terrestre, Vieira valoró que "no es extraño", puesto que, "en las escrituras, en numerosas ocasiones, no se mencionan ciertas cuestiones previas", además del hecho de que tampoco estaba recogido en el Registro de la Propiedad.

Todas las partes elevaron a definitivas sus respectivas conclusiones. No obstante, la acusación particular representada por el abogado Juan Sánchez Limiñana retiró los cargos contra Elena del Castillo por entender que fue su marido, el imputado Jaime Cortezo, quien habría utilizado su firma en varios documentos sin que ella tuviera constancia de ello en aquel momento. Del Castillo abandonó el banquillo de los acusados al no existir ninguna otra acusación contra ella. La contable Juana Rosa Fuentes sí continúa imputada.

Por otra parte, Sánchez Limiñana alegó que el promotor sería plenamente consciente de que las viviendas de la urbanización invadían la zona de servidumbre de la Ley de Costas incluso antes de que el ya fallecido José Luis Arencibia interpusiese la demanda que inició todo este proceso en septiembre de 1999. "Si Arencibia, que era empleado de Cortezo, sabía con una garantía tan cierta que la empresa iba a promocionar una licencia que invadía la zona de servidumbre, ¿cómo es posible que el propio Cortezo no lo supiese? Según el fiscal, se entera en febrero del año 2000. Va a ser que no. Si su empleado lo sabía, él también", apuntó el letrado ayer.

La otra acusación particular, representada por la abogada Mónica Pérez, apuntó que los denunciantes adquirieron las viviendas "con ocultación de información", y destacó, entre otras cuestiones, el hecho de que "nadie compra una casa sabiendo que se la van a tirar".

El defensor de Cortezo, Miguel Losada, aparte de hacer mención a que "las casas en realidad son legales", apuntó que los propietarios "compran finalmente porque dan por hecho que las viviendas no se van a derribar". Algo similar defendió el abogado de Fuentes, que asimismo acusó de haber faltado a la verdad a varios testigos. El juicio quedó visto para sentencia.

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