Nuevo capítulo en el culebrón de la gasolinera ilegal de Las Remudas. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, Pablo Rodríguez, firmó ayer un decreto por el que ordena el precintado de la estación de servicios que Repsol mantiene en explotación entre el barrio de Las Remudas y la autovía del Cabildo. El munícipe recuerda, en un prolijo documento de diez páginas, que el establecimiento se encuentra construido sobre un suelo rústico de protección agraria y que las licencias que le fueron otorgadas en su día para su edificación y puesta en funcionamiento fueron posteriormente anuladas por los tribunales.
Entre los acuerdos tomados por Rodríguez no solo se encuentra la declaración de incumplimiento de las reiteradas resoluciones que el Ayuntamiento le ha remitido a la empresa Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA, sino también el precintado de toda la actividad del negocio -desde el despacho de combustible hasta la tienda, pasando por el tren de lavado y el compresor para el inflado de ruedas- y el inicio de los trámites necesarios para la ejecución de las obras de demolición del complejo por parte de la administración local, quien luego cargará los gastos al particular.
En principio, Repsol dispone de un nuevo plazo de diez días para presentar las alegaciones que considere oportunas. Mientras eso se produce o no, Urbanismo advierte de que el precinto de la gasolinera tendrá lugar durante los próximos 15 días por parte de la Policía Local de Telde, quien ya ha sido informada, al igual que la asesoría jurídica de la institución, de la resolución acordada. El decreto rubricado por Rodríguez recuerda que el origen del conflicto nace tras la quejas vecinales a raíz del ruido que generaba el tren de lavado. Los afectados acudieron a los tribunales y presentaron un recurso contencioso administrativo ante la entrega de la licencia a Estaser Canarias SL y la concesión, en el año 2005, de las licencias de apertura de las dependencias.
Con el caso en los tribunales, no es hasta octubre de 2011 cuando aparece un último fallo judicial que anula varias resoluciones municipales. La primera de ellas es el decreto por el que el 9 de abril de 2003 se concedió a Cayetano Sánchez -padre del actual consejero insular de Obras Públicas, Carlos Sánchez, y en aquel momento representante de Estaser- la licencia para la instalación de la gasolinera, cuya titularidad cambiaría en noviembre de 2004 a favor de Repsol. El acuerdo que otorgó la licencia de apertura también fue tumbado.
Posteriormente, Telde incoó un expediente para la legalización de las obras, que no cuajó, ya que en abril de 2014 se emitió un informe técnico en el que se dejaba constancia de que el vigente Plan General clasificaba el suelo donde está la gasolinera como rústico de protección agraria. Este hecho imposibilitaba su regularización.
Alegaciones
En junio del año pasado, Urbanismo ya instó a la presentación de un proyecto de demolición, pero Repsol presentó un escrito de alegaciones que interpretaba de manera distinta lo ordenada por la sentencia de 2011. Con las posturas claramente enfrentadas entre administración y empresa, ahora Urbanismo da un último paso y toma una actitud activa tras certificar, en una visita cursada el 2 de febrero, que la estación de servicios sigue abierta "sin que se aprecie signo externo que denote que se está procediendo al cierre de las mismas".
"Por parte del interesado no se ha cumplido voluntariamente con los mandatos del indicado decreto, debido a lo cual este Ayuntamiento ha de proceder a la ejecución forzosa del mismo", concluye en el citado documento.
