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El pacto da a Urbagest diez días más para que ponga el dinero de La Mareta

El Gobierno funde de nuevo en una sola parcela el terreno que hay junto a Ikea y el que vendió a Horneras tras una sentencia

Pablo Rodríguez. YAIZA SOCORRO

El galimatías que ha supuesto el desarrollo de los principales terrenos que el Ayuntamiento de Telde posee en La Mareta sigue su curso. El actual grupo de gobierno -conformado por PP, CC y CCN- tiene previsto otorgar en breve un nuevo plazo de diez días a la empresa Urbagest, adjudicataria del derecho de superficie (alquiler) de las parcelas P-1 y P-2 de La Mareta, para que aporta los 4,5 millones de euros correspondientes al primer plazo del pago del canon establecido en mayo de 2003.

Para ello, la Junta de Gobierno Local espera aprobar hoy una propuesta del concejal de Urbanismo, Pablo Rodríguez, consistente en la refundación, en un solo terreno, de los dos solares en los que se dividió la antigua P-1 después de que en el año 2005 PP y Ciuca optasen por segregar una porción de 6.500 metros y la vendiese a otro inversor, Ambrosio Jiménez (Horneras), por cerca de 10 millones de euros.

Una sentencia emitida el 17 de noviembre de 2014 por la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) vino a concluir que la ciudad puso de nuevo a disposición de Urbagest toda la finca, pero de manera anómala a raíz de aquella escisión.

Rodríguez ha optado ahora por tomar conocimiento de dicho fallo y tratar de acatarlo mediante la ejecución de un complejo proceso que supone "suprimir o eliminar de la vía jurídica las parcelaciones o segregaciones que se hubiesen practicado sobre la denominada parcela P-1". Para ello, el Ayuntamiento se dirigirá al registrador de la propiedad, al que pedirá que vuelva a considerar como una única finca registral la totalidad de los 71.182 metros que se ubican entre la actual tienda de Ikea y el vial que conecta el centro comercial Alcampo con la rotonda de las escudillas. El munícipe de Coalición Canaria (CC) cree que esta medida despejará la duda sobre la ejecución de la sentencia. Además, entiende que si Urbagest -que tiene varios frentes judiciales abiertos al respecto- no abona los 4,5 millones de euros "entonces el suelo volverá ya de forma definitiva a manos del consistorio".

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