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Otra sentencia recalca que NC privó de forma ilegal a Santana Cazorla del contrato de basura

El fallo, que no fija indemnizaciones, se revisa en el TSJC

Santana Cazorla (d.), junto a su abogado José Antonio Choclán.

Santana Cazorla (d.), junto a su abogado José Antonio Choclán. ANDRÉS CRUZ

La pugna entre el Ayuntamiento de Telde y Hermanos Santana Cazorla por la adjudicación y revocación del contrato millonario de la basura sigue vivo en los tribunales. La última noticia ha sido la aparición de una sentencia, fechada en octubre y que ayer llegó a la Junta de Gobierno Local, en la que el juzgado de lo contencioso 6 de la capital confirma la teoría de que el consistorio, bajo el mandato de Francisco Santiago (NC), anuló de forma ilegal la adjudicación definitiva del servicio de retirada de residuos sólidos a dicha firma en 2009. Los tribunales ya se habían pronunciado en términos similares en 2012, pero lo cierto es que el conflicto está aún lejos de concluir, ni siquiera con este último fallo: con varios pleitos abiertos, el consistorio ha ganado algunos y ha recurrido otros. En todo caso, la alcaldesa María del Carmen Castellano se apresuró ayer a anunciar, como en 2012, que exigirá responsabilidades patrimoniales a Santiago si la decisión que tomó hace casi seis años obliga al Ayuntamiento a pagar una indemnización suculenta por un contrato que estipulaba, inicialmente, el pago de 160 millones de euros tras la retirada de la basura durante 15 años.

El 15 de junio de 2009, Santiago firmó un decreto con el que suspendía la adjudicación definitiva de un concurso en el que la UTE formada por Santana Cazorla y Sufi se alzaba con la prestación del servicio. Para ello, el gobierno de NC, CCN y PSOE se escudó en una supuesta resolución judicial que impedía a Santana Cazorla poder contratar trabajos con la administración pública.

La UTE, que vio cómo el contrato acabó en manos de Fomento de Construcciones y Contratas, terminó acudiendo a los tribunales. Allí alegó que su veto no fue correcto al encontrarse "en suspenso" dicha prohibición. Su postura ha sido refrendada por la juez, que ha estimado parcialmente el recurso contencioso. En el fallo no se estipula el pago de indemnización alguna; además, es susceptible de recurso ante el TSJC, medida que ayer confirmó Castellano que tomará. A todas estas, por un pleito similar se ha presentado por el consistorio un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional.

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